AGENCIA
CDMX.- La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos por su cercanía con un contratista y un posible conflicto de intereses, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes deben garantizar la transparencia y la imparcialidad de las instituciones?
Aunque legisladores de Morena y de la oposición celebraron su renuncia, el discurso de exigir investigaciones hasta las últimas consecuencias tendrá que traducirse en hechos. Las declaraciones de que la Cuarta Transformación no es “tapadera de nadie” suenan bien, pero pierden credibilidad si la rendición de cuentas depende de la filiación política de los involucrados.
El PAN y el PRI también aprovecharon el caso para exigir que se esclarezcan los señalamientos y se garantice una sucesión transparente. Sin embargo, la exigencia de investigar no debería convertirse en un simple recurso para golpear al adversario, sino en una obligación permanente para todos los partidos.
La renuncia tampoco debe confundirse con una prueba de culpabilidad ni utilizarse como sustituto de una investigación formal. Los posibles conflictos de interés deben acreditarse, las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley y cualquier irregularidad comprobada debe tener consecuencias.
El problema de fondo es la confianza pública. El INE es una institución fundamental para la democracia y no puede quedar expuesto a sospechas de favoritismo, presiones políticas o controles debilitados. Si hubo fallas en su conducción, deben esclarecerse; si existen responsabilidades, deben sancionarse.
Porque en México abundan los discursos contra la corrupción, pero la ciudadanía sigue esperando que las investigaciones lleguen hasta el final, sin privilegios, encubrimientos ni pactos políticos. La renuncia puede cerrar una etapa, pero no debe cerrar las preguntas.
Renunciar no significa quedar libre de responsabilidades. Si existen señalamientos por posibles conflictos de interés, las investigaciones deben continuar hasta esclarecer los hechos. La transparencia no puede depender del partido al que pertenezca el funcionario ni convertirse en un discurso para salir del paso.
Morena y la oposición hoy exigen cuentas, pero la ciudadanía necesita menos declaraciones y más resultados. El INE debe mantenerse independiente de los intereses políticos y cualquier irregularidad comprobada debe sancionarse. La ley debe aplicarse por igual, sin privilegios ni encubrimientos.
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