De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió la Recomendación 66/2025 contra el ayuntamiento de Córdoba, derivada de actos atribuibles a Tránsito Municipal, así como por el incumplimiento de un deber legal por parte de la síndica única Vania López González y el contralor municipal Lauro Ramos Olmos, quienes incurrieron en omisión al no atender ni dar respuesta a una queja formal presentada por un ciudadano.
Con esta resolución, la administración municipal suma su segunda recomendación por violaciones a derechos humanos, evidenciando una reiteración de prácticas irregulares dentro del gobierno encabezado por el alcalde Juan Martínez Flores.
De acuerdo con la CEDHV, la violación a derechos humanos se originó en actuaciones indebidas de personal de Tránsito Municipal, las cuales contravinieron disposiciones expresas del Reglamento de Tránsito vigente. No obstante, el organismo defensor subraya que la falta no se limitó al área operativa, sino que escaló a los niveles de control y supervisión del Ayuntamiento.
La recomendación establece que tanto la síndica como el contralor incumplieron su obligación legal de intervenir, investigar y responder ante un señalamiento formal de abuso, pese a ser autoridades responsables de la defensa jurídica del municipio y de la vigilancia del actuar de los servidores públicos.
La CEDHV determinó que dicha omisión administrativa constituye en sí misma una violación a derechos humanos, al dejar en estado de indefensión al quejoso y permitir la persistencia de prácticas irregulares dentro de Tránsito Municipal.
Asimismo, el organismo responsabiliza a la autoridad municipal por la falta de supervisión efectiva, señalando que las máximas autoridades del ayuntamiento tenían conocimiento del caso y no actuaron conforme a la ley, configurando una cadena de responsabilidades que compromete a la estructura de gobierno local.
La recomendación ordena al ayuntamiento de Córdoba implementar medidas para garantizar la no repetición de estos actos, capacitar al personal involucrado y fincar responsabilidades administrativas a quienes, por acción u omisión, vulneraron los derechos del ciudadano afectado.
