México.- Una presunta reunión entre Ariadna Montiel, vinculada a la dirigencia de Morena, y personas relacionadas con el entorno de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, habría servido para negociar apoyo electoral a favor de Morena en 2024, a cambio de permitir que integrantes de un grupo criminal conservaran el control de una zona entre Sinaloa y Chihuahua.

La acusación fue difundida por el columnista Héctor de Mauleón en El Debate. De acuerdo con esa versión, el encuentro habría ocurrido a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y habría involucrado a integrantes de Los Salgueiro; también se menciona la presunta presencia de Juan Carlos Loera. El supuesto pacto no ha sido acreditado de manera independiente y Montiel ha rechazado los señalamientos.

La acusación plantea una pregunta que va más allá de una disputa partidista: ¿los políticos que presuntamente desvían recursos públicos también buscan respaldo del narcotráfico para financiar sus campañas y mantenerse en el poder?

El cuestionamiento es grave. Mientras el dinero de los impuestos debería destinarse a seguridad, salud, infraestructura y servicios, los contratos inflados, las obras con sobrecostos y los negocios hechos desde el gobierno pueden convertirse en mecanismos para beneficiar intereses privados. El dinero que debería resolver problemas públicos termina, en esos casos, bajo sospecha de convertirse en patrimonio de quienes administran el poder.

Y si, además, se comprobara que una campaña recibió recursos o apoyo de organizaciones criminales a cambio de beneficios territoriales o protección, la traición sería doble: primero, contra la ciudadanía a la que se le quitan recursos mediante la corrupción; después, contra el país, al abrir la puerta a que grupos criminales busquen influir en quién gobierna y bajo qué condiciones.

Porque el narcotráfico no es una organización filantrópica. Cualquier supuesto acuerdo de esa naturaleza obliga a investigar qué habría recibido a cambio: protección, impunidad, información, libertad para operar o tolerancia frente a delitos como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Nada de eso debe darse por hecho sin pruebas, pero son preguntas que una investigación seria tendría que responder.

En los municipios también existen cuestionamientos sobre contratos y gastos públicos que merecen revisión. En Córdoba, por ejemplo, se ha señalado el costo del arrendamiento de patrullas frente al precio de adquirir las unidades. Cada contrato con diferencias de esa magnitud debe transparentarse y fiscalizarse, porque se trata de dinero de los ciudadanos, no de una bolsa privada para hacer negocios.

La pregunta es directa: si hay políticos que presuntamente hacen negocios con el dinero público, ¿también podrían recurrir al dinero del narco para sostener sus campañas y asegurar su permanencia en el poder? Si existen indicios, las autoridades deben investigar el origen de los recursos electorales, identificar a los posibles beneficiarios y esclarecer si hubo compromisos con grupos criminales.

Montiel ha negado las acusaciones, por lo que corresponde contrastar la versión publicada con pruebas verificables y las investigaciones de las autoridades. Pero un desmentido tampoco sustituye la obligación de esclarecer señalamientos de esta gravedad.

México no puede permitir que el dinero público sea tratado como patrimonio de los políticos ni que las elecciones se conviertan en terreno de negociación con organizaciones criminales. Si se comprueba que hubo recursos del narcotráfico o acuerdos para obtener apoyo electoral, deben identificarse los responsables y las contraprestaciones. Y si las acusaciones son falsas, también deben aclararse con evidencia. Lo que no puede quedar como respuesta es el silencio frente a una sospecha que involucra la integridad de las instituciones.

Reacciones de usuarios en redes sociales

Las acusaciones generaron críticas y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales. Algunos exigieron explicaciones a la dirigencia de Morena y reclamaron que se investiguen los posibles vínculos entre políticos y grupos criminales.

Entre las expresiones publicadas destacan:

• “La desvergüenza en su máxima expresión”.
• “Veo muy difícil que salga de esto el país, los cárteles poco a poco teniendo el control”.
• “¿No que no? Bien saben que son un narcopartido”.
• “Y luego se enojan que les dicen narcopolíticos”.

Otros usuarios cuestionaron la respuesta que podrían ofrecer dirigentes del partido ante las acusaciones y demandaron que se esclarezcan los hechos.