DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Orizaba.- La existencia de una descarga industrial que este medio de comunicación advirtió de su existencia hace un par de días y que contamina el río San Miguel y el afluente del Metlac fue confirmada este jueves durante un recorrido realizado por habitantes de seis comunidades de Ixtaczoquitlán, en conjunto con autoridades ambientales y de protección sanitaria, lo que refuerza las denuncias previas sobre la afectación a los cuerpos de agua de la región y la urgencia de una remediación inmediata.
Vecinos de Cuautlapan, Campo Chico, Campo Grande, Ex Hacienda, Buenavista y Barranca de San Miguel participaron en la inspección, acompañados por personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y Protección Civil, con el objetivo de ubicar el origen de la contaminación que desde hace semanas afecta a miles de personas.
Durante el recorrido, realizado entre veredas, barrancas y zonas de difícil acceso, se logró identificar el punto exacto donde una descarga de aguas residuales industriales cae directamente al cauce del río, formando una especie de cascada de agua oscura, con olor a fermentación y presencia de espuma.
De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el flujo constante de estos residuos ha provocado que el río, que antes mantenía un color claro, ahora presente tonalidades turbias, lo que representa una amenaza directa tanto para la biodiversidad como para la salud de las comunidades que conviven con este afluente. Autoridades presentes señalaron que, con estos nuevos elementos, se inicia una investigación más focalizada para determinar qué empresa es la responsable de esta descarga, detener el daño ambiental y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Asimismo, los habitantes solicitaron que se investigue si esta contaminación superficial podría estar generando filtraciones subterráneas hacia los mantos freáticos de Cuautlapan y Campo Chico, actualmente inutilizables, lo que explicaría la contaminación de los manantiales que abastecían a estas comunidades.
El hallazgo refuerza las denuncias que ya habían sido presentadas ante instancias federales y estatales, y confirma que la problemática no es hipotética, sino una realidad ambiental que exige intervención inmediata, tanto para frenar la descarga como para iniciar procesos de saneamiento y restauración de los cuerpos de agua.
Organizaciones civiles reiteraron que este tipo de descargas no sólo representan un delito ambiental, sino una violación al derecho humano al agua y a la salud, por lo que demandaron que las investigaciones no se prolonguen y que se garantice transparencia en los resultados.
El proceso de indagatoria ya está en marcha y ahora corresponde a las autoridades de los 3 niveles de gobierno actuar para frenar la contaminación, reparar el daño y castigar a quienes resulten responsables.
