AGENCIA
Veracruz, México.- Lo que debía ser un resguardo de bienes asegurados por la nación terminó convertido en un caso que exhibe la fragilidad -o negligencia- en los sistemas de seguridad del gobierno federal. En 2024, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) fue víctima del robo de 211 vehículos y más de 50 pantallas en un inmueble ubicado en el puerto de Veracruz, con una pérdida superior a los 23 millones de pesos (mdp).
El caso, documentado en la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007 del Órgano Interno de Control, revela no solo el saqueo, sino una cadena de omisiones, inconsistencias y una alarmante falta de control sobre bienes que estaban bajo custodia del Estado.
El despojo ocurrió en el inmueble conocido como “El Sardinero”, donde se resguardaban vehículos decomisados por el Poder Judicial, entre ellos unidades de alto valor de marcas como Hummer, Jeep, Honda y GMC. A pesar de estar asegurados, estos bienes desaparecieron sin que las autoridades pudieran impedirlo.
Más grave aún: Al menos 12 de estos vehículos ya circulan con nuevas placas en entidades como Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro y Coahuila, según registros oficiales. La pregunta es inevitable: ¿Cómo es posible que bienes robados al propio Estado circulen libremente sin ser recuperados?
El caso también destapa irregularidades desde años atrás. Un contenedor transferido en 2013 por la entonces Procuraduría General de la República fue recibido abierto, vacío y sin sellos, contradiciendo registros oficiales. Es decir, el descontrol en la cadena de custodia no comenzó con el robo, sino que arrastra fallas estructurales de larga data.
La situación se agrava con los hechos posteriores. Tras el despojo en diciembre de 2020, personal del INDEP no pudo ingresar al inmueble durante meses. Incluso, en abril de 2022, representantes legales fueron amenazados y expulsados del sitio por presuntos integrantes de un sindicato portuario.
Para 2024, la confirmación fue contundente: Los vehículos ya no estaban. Un sobrevuelo con dron y una inspección ministerial lo corroboraron. El saqueo se consumó ante la inacción o incapacidad de las autoridades federales quienes resguardaban el lugar.
Como si no fuera suficiente, el proceso para reclamar el seguro también refleja una preocupante lentitud. Han pasado más de 550 días sin que se concluya la documentación necesaria para la indemnización, lo que abre la posibilidad de que la aseguradora rechace el pago si se vence el plazo legal.
El monto estimado del daño asciende a más de 24 millones de pesos, pero ni siquiera hay certeza de que el Estado recupere ese dinero.
Este caso no solo expone un robo, sino un colapso en los mecanismos de resguardo, seguimiento y reacción institucional. Bienes asegurados por la justicia terminan en manos desconocidas, mientras expedientes avanzan lentamente y responsables permanecen en la sombra.
La auditoría ha exigido informes, evidencia documental y la regularización del proceso de reclamación, pero el daño ya está hecho. La interrogante persiste: ¿Quién vigila realmente los bienes que el propio gobierno federal decomisa al crimen?
