Danilo Fuentes
El Buen Tono
Fortín.- En el municipio, la administración que lidera Gerardo Rosales Victoria presentó recientemente la liberación y aprobación de las cuentas públicas 2022 y 2023, presumiblemente por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis). Sin embargo, internamente se asegura que el panorama no es tan claro como se anuncia oficialmente.
De acuerdo con el informe individual de cuentas públicas 2023, el municipio concentró múltiples pliegos de observaciones en materia financiera-presupuestal y técnica a la obra pública de la localidad.
Y aunque la administración afirma que las diligencias quedaron “concluidas” bajo los expedientes ORFIS/UI/IF2022/091/2023 y ORFIS/UI/IF2023/090/2024, funcionarios municipales denunciaron que ese archivo vino acompañado de “moches” propios del blindaje político.
Según testimonios anónimos, Rosales Victoria entregó recursos al organismo fiscalizador para que se archivaran los procesos sin sanción, acción que implicaría una negociación política más que una rendición de cuentas seria.
Por añadidura, la titular de Comunicación Social, María Betsabé Cárdenas García, jugó un papel clave para perpetuar la narrativa oficial al respecto.
Mientras se presume que las finanzas están sanas y que “las obras” llegaron a colonias y comunidades, la versión mediática omite sistemáticamente los montos y naturaleza de las observaciones detectadas por el Orfis.
Así, la propaganda gubernamental cubre la falta de transparencia que se requiere.
Entre los hallazgos consignados está una observación registrada en el ejercicio 2024: “Observación Número D E068/2024/011 ADM”, relacionada con los saldos al 31 de diciembre de 2024 de los financiamientos y/u obligaciones contratadas por el ente.
También, datos extraoficiales apuntan a que el municipio de Fortín figura entre los que acumulan daño patrimonial por casi 8 millones de pesos.
De este modo, el discurso de “finanzas sanas” se contrapone al hecho de que los mecanismos de fiscalización se operaron como engranaje del poder local, más que como instrumento de control ciudadano.
Y cuando la Dirección de Comunicación Social se convierte en el altavoz de ese discurso, el riesgo es que el municipio avance en obra pública mientras la auditoría queda en simple formalidad.
