José Juan
El Buen Tono
Fortín.- Graves inconsistencias que detectaron en el dictamen de entrega-recepción de la administración municipal 2022-2025, que presidió el morenista, Gerardo Rosales Victoria, podrían comprometer recursos públicos y derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Debido a lo anterior, el cabildo en funciones descartó situaciones de complicidad ni encubrimiento de actos de corrupción relacionados con la gestión anterior, postura que fue expuesta durante la sesión en la que se aprobó dicho punto por el regidor Primero, Jesús Flores Vázquez.
Durante la reunión del lunes pasado, se solicitó que se incorporara una cláusula de salvaguarda para dejar asentado que la recepción del expediente no convalida la legalidad de los actos realizados por la administración saliente ni extingue acciones civiles, penales o administrativas que pudieran derivarse del análisis del documento.
Explicaron que la aprobación del dictamen tiene como finalidad documentar las irregularidades detectadas, prevenir responsabilidades por omisión y activar mecanismos correctivos que permitan proteger el patrimonio municipal, que es de los ciudadanos.
Subrayaron que el cabildo no asumirá corresponsabilidad por anomalías heredadas.
En la exposición se advirtió que las inconsistencias identificadas podrían generar observaciones posteriores de los órganos fiscalizadores, por lo que se recomendó aprobar el dictamen únicamente como un registro de la situación administrativa, sin que ello implique la liberación de responsabilidades de los exservidores.
Corrupción
Entre los principales señalamientos se encuentra la existencia de deuda pública sin soporte documental suficiente, al carecer el expediente de contratos, autorizaciones y registros indispensables.
En materia de obra pública, se detectaron discrepancias entre los avances físicos y los pagos realizados, así como obras reportadas como concluidas, pero que no están en operación, como los parques de Monte Salas y Santa Lucía Potrerillo, que presentan sobrecostos
Informaron sobre omisiones en el registro de pasivos, lo que implica la existencia de deudas no reflejadas en la contabilidad oficial que deberán ser enfrentadas por la nueva administración sin previsión presupuestal.
Entre ellas, mencionaron el adeudo con el IPE, no registrado en libros, pero confirmado por la dependencia. debido a convenios incumplidos, además de pendientes en el pago de nómina del gobierno anterior.
Indicaron que todo se documentará para iniciar los procesos que correspondan.
