De la Redacción
el buen tono
Fortín.- La administración de Gerardo Rosales Victoria utiliza una estrategia de simulación, sanciones leves para faltas del personal, y cero casos reconocidos de corrupción, abusos de poder, de la Policía Municipal, y de contratos que benefician a unos cuantos, entre ellos a las autoridades.
De acuerdo con pobladores mantiene una estructura que minimiza las denuncias ciudadanas que se llevan a cabo.
Los documentos oficiales obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), confirmaron que, en el actual ayuntamiento, únicamente a 12 funcionarios sancionaron por “faltas administrativas no graves”, como amonestaciones privadas, o suspensiones de cinco días.
Por otra parte, problemas estructurales como abusos policiales, comercio informal descontrolado, y oscuros contratos de luminarias permanecen en la opacidad, es decir, sin ninguna explicación.
El Órgano Interno de Control (OIC), reportó 16 investigaciones, la mayoría contra áreas como Catastro y Obras Públicas, por “trámites administrativos”.
Doce terminaron en castigos simbólicos, insuficientes para frenar prácticas corruptas.
“Una suspensión de cinco días es un permiso pagado, no un correctivo”, criticó un exfuncionario que prefirió el anonimato.
Peor aún: el ayuntamiento aseguró que “ningún servidor público ha estado involucrado en actos de corrupción”, pese a que comerciantes y vecinos denuncian extorsiones sistemáticas, particularmente por parte de elementos de la Policía Municipal.
Aunque el OIC mencionó cuatro quejas vigentes en cuentas públicas (por auditorías externas), se carece de registro de investigaciones contra los gendarmes.
La situación de Fortín es la de unas autoridades que prefieren el maquillaje a la transformación.
Mientras las sanciones leves sirven como cortina de humo, los abusos de autoridad y la opacidad en el gasto público siguen minando la confianza ciudadana en los ediles.
El combate a la corrupción, en Fortín no pasa de ser un discurso bien ensayado.
