Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- Sin la presencia del alcalde, Gerardo Rosales Victoria, un grupo de al menos 40 exempleados del ayuntamiento se manifestó de forma pacífica ayer por la mañana, en el exterior del palacio municipal, a fin de exigir una liquidación conforme a derecho tras ser despedidos sin justificación.
Los afectados forman parte de los 60 trabajadores cesados de manera sorpresiva entre el miércoles 11 y el viernes 13 de junio.
Durante la concentración, a los inconformes los atendieron funcionarios menores, quienes les informaron que será mañana miércoles cuando se les entregue su liquidación, conforme al salario que percibían.
Sin embargo, el descontento crece ante la opacidad del proceso y la ausencia del presidente municipal, quien evitó encarar la situación que provocó.
Venganza
Excolaboradores coincidieron en que los despidos son una represalia del edil por negarse a respaldar a Eduardo Alonso García Viveros, el candidato perdedor.
“Cuando quisimos apoyar al ‘Pollos Charly’ (Eduardo), se portó grosero, nos ignoró. Entonces, nos sumamos a ‘Piccolo’, y ahora se vengan de nosotros”, denunció un afectado.
Algunos extrabajadores incluso manifestaron que los exhibieron en grupos de WhatsApp por simpatizar con Movimiento Ciudadano.
Abusos
Los despedidos provienen de diversas áreas del ayuntamiento. Aunque se les pagó su quincena con normalidad el sábado pasado, siguen sin recibir la liquidación correspondiente por ley.
Denunciaron que las autoridades violaron la vigencia de su contrato laboral, el cual estipulaba una duración mínima de tres meses.
“Quieren ignorar junio, pero ese mes está contemplado en el contrato”, reclamó otra extrabajadora.
La tensión crece, ya que se filtró información de que el 30 de junio habría un nuevo reajuste de personal, sumando más de 120 trabajadores cesados.
“Nos dicen que es porque la administración ya se va, pero a los que sí anduvieron en horario laboral haciendo campaña con “El Charly” no los tocaron”, lamentaron.
Ladrón
Entre los manifestantes también surgieron señalamientos más severos, como el que expresó una de las inconformes: “El alcalde robó tanto que ahora se quedó sin recursos para pagar las nóminas de los trabajadores que tiene”.
Cobarde
Mientras tanto, la administración de Gerardo Rosales Victoria optó por el silencio y la evasión, dejando a decenas de familias en la incertidumbre económica y reforzando la percepción de que, más que una reestructuración administrativa, se trata de una purga política disfrazada de recorte de personal.
