De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- El policía municipal, que asesinó a sangre fría al joven deportista Pablo el pasado 28 de febrero en la colonia Ricardo Ballinas, Zurit Abel Hernández Serrano, pretende salir libre con el respaldo del presidente municipal, Gerardo Rosales Victoria.
Aunque las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el uniformado disparó contra la víctima, hoy el caso se encuentra bajo revisión en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito, a cargo del juez Mauricio García Ayala, tras la promoción de un amparo federal por parte del agresor.
El homicidio quedó documentado en video; sin embargo, enviaron el material a Xalapa para el peritaje correspondiente, una decisión cuestionada por la familia del joven asesinado y por colectivos ciudadanos, debido a que los hechos ocurrieron en otro distrito.
Aún con las pruebas, el responsable intenta salir del penal La Toma, donde permanece bajo medidas cautelares, a través de promover un juicio de amparo con el que busca revertir el auto de vinculación a proceso dictado el 6 de marzo.
Detrás del intento por liberarlo está Gerardo Rosales Victoria, a quien acusan por operar políticamente para sacar del penal a su elemento, a quien protege desde el exterior de la cárcel.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, dentro del penal de La Toma hay funcionarios que reciben moche del edil para favorecer al gendarme asesino, brindándole privilegios y facilitando los movimientos legales con los que pretende evadir la justicia.
El abogado del homicida, Luis Arturo Martínez Maldonado, sostiene que se violaron sus derechos humanos y que la judicialización del caso fue indebida.
Pero, en las grabaciones que forman parte de la carpeta de investigación 79/2025, se observa que fue Hernández Serrano quien accionó su arma de fuego contra el joven Pablo y lo mató.
Mientras la familia clama justicia, el gobierno municipal mueve recursos e influencias para liberar al responsable del crimen en cuestión.
La complicidad está en Palacio Municipal, pero también en el sistema penitenciario, donde el dinero y las órdenes del funcionario comenzaron a torcer el curso del proceso.
La revisión del amparo se encuentra en curso, pero lo que está claro es que el crimen, la corrupción y la impunidad ya caminan juntos bajo el mando del edil Gerardo Rosales Victoria.
