De la redacción
El Buen Tono
Fortín.- Desde el inicio de la pasada administración, que presidió Gerardo Rosales Victoria, junto con su entonces coordinador de Desarrollo Urbano, Orlando Martínez Hernández, crearon una red de corrupción que utilizó los permisos municipales para extorsionar a empresarios y desarrolladores.
Les exigieron dinero y terrenos a cambio de dejarlos operar, aunque nunca les entregaron las autorizaciones oficiales que pidieron.
Entre los afectados se encuentra la constructora Coesco Inmobiliare y diversos negocios locales, quienes denunciaron que fueron víctimas de un esquema sistemático de abuso de poder que bloqueó proyectos, paralizó inversiones y provocó pérdidas económicas considerables.
Los testimonios coinciden en que, pese a cumplir con los requisitos legales, les detenían los trámites deliberadamente desde la oficina de Desarrollo Urbano, mientras se condicionaba su avance a “arreglos” ilegales.
Descartaron que se tratara de fallas administrativas, sino de una práctica recurrente para obtener beneficios personales, especialmente económicos.
Dicho patrón abarcó a varias constructoras y comercios locales que enfrentaron el mismo método de presión, lo que confirmó que la extorsión se convirtió en una política informal de gobierno que golpeó al sector productivo y frenó el desarrollo urbano de Fortín.
Hoy, con las acusaciones hechas públicas, quedó al descubierto que el exalcalde y Orlando Martínez Hernández utilizaron cargos estratégicos para saquear a empresarios, exigir pagos ilegales y la cesión de predios.
Negaron los permisos prometidos, dejaron una herencia de corrupción, desconfianza y daño económico que aún resiente la ciudad.
