La Perla, Ver.– A poco más de un año de finalizar su administración, la presidenta municipal Ruth García Meza aseguró que su gobierno cerrará con transparencia y orden, aunque reconoció que han enfrentado observaciones administrativas, mismas que, según ella, ya fueron solventadas. Sin embargo, este tipo de irregularidades han sido constantes durante su gestión, generando dudas entre la población sobre la verdadera capacidad de su equipo para cumplir con lo que promete.
La funcionaria afirma que su prioridad es no dejar obras inconclusas ni pendientes legales, pero habitantes de La Perla aseguran que en varias comunidades persisten retrasos y promesas sin cumplir. Aunque García Meza se comprometió a terminar cada obra con la documentación en regla, el escepticismo crece ante lo que algunos consideran una estrategia discursiva más que un verdadero compromiso con la rendición de cuentas.
Sobre los recursos dirigidos a pueblos indígenas, la alcaldesa admitió que los cambios presupuestales han obligado a modificar la planeación, lo que en la práctica ha significado recortes o postergación de proyectos en comunidades con alta marginación. Pese a contar, según dice, con un “esquema definido”, no se ha presentado públicamente un informe detallado sobre estas reestructuraciones, lo que deja vacíos en la información oficial.
García Meza también descartó despidos o recortes en el personal, aunque anunció una revisión de los proyectos en curso. La falta de resultados visibles y la opacidad en los informes sobre el avance de obras generan incertidumbre sobre el verdadero estado financiero y operativo del ayuntamiento a menos de un año del cierre de gestión.
Aunque insiste en dejar una base “sólida” para futuras administraciones, habitantes señalan que los rezagos en infraestructura, el limitado acceso a servicios básicos y la falta de claridad en la ejecución del presupuesto pintan un panorama distinto al que proyecta el discurso oficial.
