AGENCIA
Nacional.- Mientras millones de mexicanos enfrentan dificultades para cubrir la canasta básica, altos funcionarios del aparato judicial-administrativo perciben ingresos mensuales que superan incluso el salario de la titular del Ejecutivo federal. Tal es el caso de los 16 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes para este año se asignaron percepciones mensuales superiores a los 155 mil pesos.
De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del propio Tribunal, cada magistrado recibe un ingreso neto que rebasa los 154 mil pesos mensuales, monto mayor al salario neto de 134 mil 290 pesos que percibe la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En conjunto, el pago de estos 16 magistrados representa un gasto superior a los 2 millones 482 mil pesos mensuales con cargo al erario.
El tabulador oficial establece que la Presidencia del Tribunal cuenta con un salario base de poco más de 121 mil pesos, además de prestaciones que rondan los 34 mil pesos, alcanzando una percepción total superior a los 155 mil pesos mensuales. En el caso de las magistraturas, los ingresos oscilan entre 154 mil y 155 mil pesos netos, considerando salario y prestaciones económicas.
Otros cargos de alto nivel tampoco se quedan atrás. Las jefaturas de unidad o puestos homólogos perciben hasta 140 mil pesos mensuales, mientras que direcciones generales pueden alcanzar ingresos superiores a los 132 mil pesos. Todo ello, en un contexto donde el salario mínimo y los ingresos promedio de la población apenas permiten cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda.
A estas percepciones se suman prestaciones adicionales como seguros de vida equivalentes a 40 meses del salario bruto, seguros de retiro y esquemas de separación individualizada, en los que los funcionarios pueden aportar hasta 10 por ciento de su percepción ordinaria. Aunque para 2026 las aportaciones institucionales a este último rubro quedaron suspendidas, los beneficios acumulados siguen siendo significativamente superiores a los del grueso de la población.
El contraste resulta inevitable: mientras el discurso público insiste en austeridad, equidad y justicia social, en la práctica persisten estructuras salariales privilegiadas dentro del servicio público. En un país donde amplios sectores no logran satisfacer lo elemental, los ingresos de la alta burocracia judicial vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la congruencia entre el gasto público, la realidad económica de la ciudadanía y el verdadero compromiso con la austeridad republicana.
