De la redacción El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La activista y excandidata relató que hubo forcejeos, jaloneos y una lesión durante su detención. Pidió no ser silenciada y afirmó que no contratará protección. El caso plantea dos exigencias: esclarecer el operativo y evitar que una denuncia legítima se convierta en una tribuna de acusaciones no comprobadas.
Tras su liberación, Samantha Vicentini relató que el 18 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, tres personas —dos hombres y una mujer— llegaron a su domicilio. Según su versión, solo una de ellas se identificó como comandante del Ministerio Público y le mostró una credencial, pero no una orden.
Aseguró que pidió realizar una llamada a su abogado, pero se lo negaron. Posteriormente, afirmó que hubo forcejeos, que la jalaron del cabello, la empujaron y la introdujeron a un vehículo. También mostró una lesión y sostuvo que fue sometida. Estos señalamientos son graves y exigen una investigación independiente sobre el operativo, el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.
La crítica no debe confundirse con la revictimización. Si su relato es cierto, habría una violación de derechos humanos que no puede quedar en la impunidad. Sin embargo, su declaración también mezcla la denuncia con acusaciones políticas que no acompañó de pruebas públicas: sostuvo que el caso deriva de una denuncia por amenazas presentada en 2023, afirmó que es inocente, aseguró que le “robaron la elección” de 2025 y señaló que la molestia en su contra obedece a que sigue caminando y escuchando a la gente.
Atribuir la detención a una persecución política puede ser una hipótesis, pero no una conclusión periodística sin elementos que la acrediten.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
