Xalapa, Ver.- El último año del gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares dejó un saldo de más de 30 exfuncionarios inhabilitados por distintos periodos debido a irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos.
Lo anterior se desprende del Informe de Seguimiento a las Cuentas Públicas 2017-2024, documento que fue entregado por la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Aunque el informe no detalla los nombres de los exservidores públicos sancionados, sí especifica las dependencias donde se detectaron las irregularidades y se aplicaron las inhabilitaciones.
Una de las áreas con más sanciones fue la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde ocho funcionarios del periodo yunista fueron inhabilitados por un año debido a irregularidades relacionadas con el manejo de la deuda pública, las obligaciones financieras, el refinanciamiento de la deuda del Poder Ejecutivo y la cuenta pública consolidada.
En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se registró una inhabilitación por tres meses, aunque aún permanecen pendientes de solventar otras dos observaciones.
En el caso de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el informe señala dos inhabilitaciones temporales por tres meses y otras dos por un año, derivadas de irregularidades en el manejo de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2017.
También destaca la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), donde se sancionó a una persona con inhabilitación por diez meses, tres más por seis meses y otras tres por tres meses, además de una amonestación pública. En esta dependencia todavía existen observaciones pendientes por solventar.
En la Secretaría de Medio Ambiente se aplicaron tres sanciones: una inhabilitación por 12 meses, otra por seis meses y una más por tres meses.
Mientras tanto, en la Secretaría de Turismo y Cultura se determinó una inhabilitación temporal por seis meses.
Por su parte, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se impuso una amonestación pública, además de una inhabilitación por seis meses y otra por tres meses.
El informe también señala que algunas observaciones aún continúan en proceso de solventación, por lo que podrían derivar en nuevas sanciones administrativas para exfuncionarios de esa administración estatal.
