Dentro del quehacer político nada es fortuito y el proceso sancionador que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), sugirió contra los diez Obispos veracruzanos, -ocho en funciones frente a sus diócesis y dos eméritos-, por inmiscuirse en cuestiones electorales tiene de trasfondo el conflicto del Clero Católico con el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Es decir, dos poderes, uno fáctico que es la Iglesia Católica y otro oficial, el Gobierno priista, están en pleito luego de mantenerse unidos, casi en complicidad, durante décadas.
Es como el pleito de un viejo matrimonio. La pareja se pelea y estalla en revanchas, el uno contra el otro. La jerarquía de la Iglesia Católica se rebeló al Gobierno priista cuando Peña Nieto anunció, en mayo pasado, que enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa para aprobar el llamado matrimonio igualitario en todo el país, es decir, la posibilidad de legalizar las uniones entre dos personas del mismo sexo. Eso llevó a que los clérigos católicos comenzaran un activismo en contra no solo de la propuesta sino también en contra de su impulsor y el partido que representa.
Es más, el descalabro sufrido por el tricolor en los comicios pasados cuando perdió siete de 12 Gubernaturas, entre ellas cuatro en Estados que eran considerados bastiones históricos como Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, es atribuido a la “contra-campaña” de los religiosos para el voto de castigo hacia los candidatos priistas, aunque es pertinente aclarar que en el caso de Veracruz, ese activismo no fue intenso y la derrota del tricolor se debió al hartazgo ciudadano ante escándalos de corrupción, inseguridad, violencia y una administración fallida.
Sin embargo, en el fallo emitido por el TEV el 24 de agosto para declarar la validez de los comicios para renovar la Gubernatura, se cuela una tesis que no es casual sino causal- sobre la intervención de los Ministros de culto en asuntos de Estado y se pide que las autoridades electorales y la Secretaría de Gobernación dispongan sanciones contra los diez Obispos veracruzanos, encabezado por el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, además de su vocero, el chocamense Manuel Suazo y el portavoz de la diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.
Y claro, la referencia a la sanción demandada por el tribunal para los Ministros de culto está ligada al contexto nacional. Es el inicio, el primer toque contra los ensotanados por el pleito casi conyugal con el tricolor, y que en esas paradojas del destino, se dio en torno al matrimonio homosexual.
O sea, el asunto es casi pasional, dirían los burlones. A nivel nacional, la jerarquía católica no se amedrenta y está en pleno activismo. Es más, el 24 de septiembre planea realizar una marcha multitudinaria en la Ciudad de México con réplicas en todos los Estados, convocada a tras mano por la organización ultraconservadora Frente Nacional por la Familia, para repudiar la propuesta de Peña Nieto en torno al matrimonio igualitario.
La guerra está declarada y no es cosa pequeña porque ya se aproxima el 2018, año de elecciones presidenciales y además está a la vuelta de la esquina el 2017, cuando se renovarán las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Esta última Entidad es “La Joya” de ese año, y quien la gane o la pierda tendría la ‘llave’ de Los Pinos en el 2018. Ahí, el Clero Católico tendrá mucho que ver, por eso los expertos anticipan que al final de cuentas el pleito será ganado por la Iglesia, y Peña Nieto, por estrategia electoral, tendrá que retirar o al menos aplazar la propuesta para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.
Pero llama la atención el caso específico de Veracruz, hoy usado como pinza de presión contra la cúpula católica no es menor que un Arzobispo, siete Obispos en funciones y dos eméritos estén en vías de ser sancionados y obligarles a pagar una multa de hasta 1.4 millones de pesos, además de exhibirlos públicamente como infractores de la Ley- pues la movilización hecha por ellos fue para que se aprobarán la Reforma a la Constitución local, para criminalizar a las mujeres que pretendan interrumpir el embarazo, no por el matrimonio igualitario.
Los clérigos del Golfo si ejercieron presión y fuerte, al grado de mandar feligreses y religiosos a la sede del Congreso Local y a los cabildos para “vigilar” que los diputados y los ediles votaran contra el aborto. Empero, lo que desubica es que los hayan sancionado aún cuando hubo una respuesta favorable del Gobierno Estatal a su exigencia, se aprobó la Ley Antiaborto y hasta el gobernante en turno acudió al colegio católico Rougier –casa de Los Porkys- a presentar el decreto con la Cúpula Católica como invitada de honor.
Además, para nadie es un secreto la cercanía del arzobispo Hipólito Reyes Larios con el priismo y en especial con la fidelidad, al extremo que los sacerdotes de la región Centro, de donde es originario el prelado, lo apodan desde hace tiempo como “PRIpolito” ¿Entonces qué sucedió, pues la queja electoral contra los Obispos la interpuso el PRI? ¿Fue una estrategia errónea o a petición federal? Nadie lo sabe, pero todos lo sospechan. Es uno de los santos misterios que motivó ese pleito matrimonial ente el PRI y la Iglesia Católica, aunque todo apunta a que uno de los cónyuges intenta castigar a la pareja rejega.
LOS ALTAMENTE CORRUPTIBLES
Otro tema que ha sido noticia importante en esta semana es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le hizo la sexta o séptima
¿cuántas van?
corrección de plana para los Diputados del Congreso veracruzano, al invalidar las reformas legislativas aprobadas para edificar el tinglado de protección transexenal, disfrazado de un sistema local de combate a la corrupción. Los Ministros otra vez evidenciaron las carencias cognitivas de los parlamentarios veracruzanos, especialmente los priistas.
Quedaron nuevamente exhibidos la presidenta de la mesa directiva, Octavia Ortega y el rupestre líder parlamentario, Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Sin embargo, la noticia no es que por enésima ocasión los hayan mostrado como los orejones que son, sino el mensaje que lleva implícito el fallo de los Ministros de la SCJN: el revés para la fidelidad, es decir, los funcionarios salientes, que vino desde Los Pinos, pues fue la Presidencia de la República la que interpuso el juicio de inconstitucionalidad.
Obvio, es un mensaje, tibio pero al fin mensaje, que el altiplano le manda a Veracruz. El emisor del mismo quedó evidenciado por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien festinó el veredicto de la SCJN, incluso antes que sus homólogos de los partidos de oposición.
El andamiaje con el que se pretendían proteger a los funcionarios salientes quedó desbaratado y ahora sólo les queda como último eslabón al Fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras. Sin el ancla de un Fiscal anticorrupción, Bravo Contreras tendrá bajo su responsabilidad directa de llevar los expedientes judiciales en ese tema -y eventualmente obstaculizarlos-, de ahí que su permanencia en la Fiscalía General es vital para los interesados y a la vez, es necesario “blindarlo” de un eventual juicio de procedencia.
Por esa razón, ya se comenzaron a mover fichas para intentar frenar en el Congreso Local una eventual remoción de ese Fiscal, como lo ha planteado el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.
Para empezar, se intenta cohesionar a la bancada del PRI en la próxima legislatura y a los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que serán tres, incluido el expanista Gerardo Buganza Salmerón. Lo que se busca es que ninguno de ellos, priistas o verdes, vaya a negociar con el panismo para dar su voto a favor de destituir a Bravo Contreras.
Hay que recordar que de acuerdo a la composición que tendrá el Congreso Local, uno o dos votos serán la diferencia para alcanzar o no la mayoría calificada. Es un hecho que el priismo no tendrá esa supremacía, ni siquiera mayoría simple, pero lo que se busca es asegurar que ninguno de sus integrantes ceda a la tentación de apoyar a la mayoría opositora. Además, se buscan acercamientos -acompañados de muchos ceros- con diputados del PAN, PRD y Morena, para tratar de romper una eventual mayoría calificada que haga posible la destitución de Bravo Contreras.
Hay por lo menos cinco legisladores “altamente corruptibles” entre las filas panistas y perredistas, a los cuales se les intentará sobornar. Ya están en la mira si no es que ya hay negociaciones avanzadas. Ellos son los panistas Mariana Dunyaska, Hipólito Deschamps, Cinthya Lobato y Teresita Zuccolotto, ligados, los tres primeros, a los exdirigentes estatales del blanquiazul, Alejandro Vázquez Cuevas y Enrique Cambranis Torres y la última al exdiputado federal por Huatusco, Víctor Serralde –o como se llame en realidad- .
La fama de esos tres, que manejará a una parte de los legisladores albiazules siempre ha sido de negociadores con la fidelidad. Cualquiera de ellos le puede dar una sorpresa al gobernador electo, Yunes Linares. Tampoco son de fiar los dos perredistas María Adela Escamilla Moreno y Sergio Rodríguez Cortés. La primera es madre del exdiputado federal, Cuitláhuac Condado Escamilla, viejo aliado del exsecretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández –y por ende, del innombrable-. Su otro hijo, Clemente Nagazaki Condado fue subprocurador en el Sur del Estado en este Sexenio.
En tanto, Rodríguez Cortés, fue empleado –dicen que todavía lo es- del innombrable-, al que le hizo trabajos sucios en los últimos años, entre ellos el “golpe” contra la dirigencia estatal del PRD y la destitución del líder legítimo, Juan Vergel Pacheco en el 2013.
El exalcalde de Ciudad Mendoza también fue ‘mapache electoral’ del innombrable en Chiapas, donde operó la compra de voto y robo de urnas para el tricolor en la elección que llevó a la gubernatura al actual mandatario, Manuel Velasco Coello, en el entendido que la liga con ese era el hijo del innombrable, Javier Herrera Borunda, hoy diputado federal plurinominal.
Tanta es la cercanía y la devoción de Sergio Rodríguez con el impresentable, que los mismos cercanos del exgobernante sostienen que más que los priistas y verdes, el voto de Rodríguez es el único seguro para la fidelidad.
El otro camino que ensaya la fidelidad es mantener el supuesto acuerdo con Morena, el que prevaleció durante la campaña electoral, para lograr que al menos alguno de los próximos legisladores rompa la mayoría absoluta y se logre mantener a Bravo Contreras en la Fiscalía. Ya se verá hasta dónde llega el compromiso del partido que encabeza el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador con los funcionarios salientes.
