AGENCIA
Nacional.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la extinción de 109 fideicomisos ordenada en 2020 durante el gobierno de AMLO, los cuales concentraban más de 106 mil millones de pesos, bajo el argumento de que se trataba de mecanismos administrativos y no de derechos adquiridos.
Con esta resolución, el máximo tribunal respaldó la facultad del Estado para rediseñar el uso del gasto público bajo criterios de austeridad, al considerar que la desaparición de estos instrumentos no elimina las obligaciones gubernamentales, sino que modifica la forma de cumplirlas.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, justificó la decisión señalando que la medida respondió a la necesidad de reorientar recursos durante la pandemia, mientras que el ministro Arístides Rodríguez sostuvo que los compromisos del Estado permanecen vigentes, aunque ahora mediante esquemas presupuestarios directos.
Sin embargo, la resolución ha reavivado críticas sobre la consistencia en el manejo de recursos públicos durante la pasada administración, particularmente por decisiones paralelas que contrastan con el discurso de austeridad.
Diversos sectores han cuestionado que, mientras se eliminaban fideicomisos destinados a ciencia, cultura, atención a desastres y apoyo a víctimas, el gobierno federal impulsó mecanismos extraordinarios para financiar proyectos y apoyos en el extranjero, como el caso de asistencia a Cuba, lo que ha sido señalado como un uso discrecional de recursos.
Especialistas advierten que la desaparición de los fideicomisos eliminó esquemas de transparencia y control que permitían dar seguimiento al destino de los fondos, sustituyéndolos por asignaciones directas con menor supervisión pública.
En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo cierra el debate jurídico sobre la legalidad de la medida, sino que abre nuevamente la discusión política sobre la congruencia en la aplicación de la austeridad y el destino de los recursos públicos.
