AGENCIA
Ciudad de México.– En medio del creciente problema de viviendas deshabitadas en distintas regiones del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que marca límites claros a la actuación de los gobiernos municipales sobre propiedades privadas.
El máximo tribunal resolvió que ni ayuntamientos ni autoridades administrativas pueden apoderarse, administrar o rentar inmuebles particulares, incluso cuando estos se encuentren aparentemente abandonados. La decisión se derivó de la Controversia Constitucional 309/2024, con la que se invalidaron disposiciones del municipio de Hermosillo que permitían este tipo de intervenciones.
Durante el análisis, los ministros determinaron que dichas normas representaban un exceso de atribuciones, al invadir facultades exclusivas del poder legislativo estatal. En consecuencia, concluyeron que estas acciones vulneran principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada.
La Corte estableció que únicamente los congresos estatales pueden legislar sobre la posesión y uso de bienes particulares, por lo que ningún municipio está facultado para emitir reglamentos que impliquen la ocupación, cesión o renta de viviendas sin sustento legal.
No obstante, el fallo también precisa que las autoridades locales no quedan totalmente impedidas de actuar. Los municipios podrán emitir declaratorias de abandono y realizar procedimientos administrativos relacionados con el ordenamiento territorial, siempre y cuando no impliquen despojar a los propietarios de sus inmuebles.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía advirtió que permitir este tipo de prácticas abriría la puerta a posibles abusos, especialmente en casos donde los propietarios no habitan sus viviendas por razones económicas o migratorias.
En el mismo sentido, el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, alertó sobre el riesgo de afectar a sectores vulnerables si no se establecen límites claros, subrayando que el Estado debe buscar soluciones al abandono de viviendas sin vulnerar derechos fundamentales.
La resolución no solo invalida normas específicas en Hermosillo, sino que sienta un precedente nacional que obligará a otros municipios a revisar sus reglamentos. Con ello, se refuerza la protección del patrimonio de los ciudadanos frente a posibles excesos de autoridad en un contexto donde el abandono de viviendas continúa en aumento.
