De la redacción
El Buen Tono

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el hacinamiento en los centros penitenciarios constituye una violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y ordenó a las autoridades del Estado de México implementar medidas para atender la sobrepoblación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

La resolución derivó de un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de que un diagnóstico realizado en 2021 evidenciara las condiciones de sobrepoblación del penal.

De acuerdo con ese diagnóstico, el centro penitenciario tenía 5 mil 116 personas privadas de la libertad, pese a contar únicamente con mil 834 espacios, lo que representa una diferencia considerable entre su capacidad y la población que albergaba.

Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, mediante el cual se estableció que las autoridades estatales deberán elaborar un plan para reducir y atender el hacinamiento.

Entre las medidas contempladas se encuentran el traslado de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, la remodelación del inmueble y el análisis de posibles beneficios de preliberación.

Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo aclaró que la revisión de medidas cautelares y el otorgamiento de beneficios de preliberación corresponden a los jueces encargados de cada proceso penal.

Precisó que la resolución no implica una liberación indiscriminada de personas privadas de la libertad, sino que busca que cada caso sea analizado conforme a las disposiciones legales.

La ministra Yasmín Esquivel calificó el hacinamiento como una situación que afecta la dignidad humana y señaló que las dificultades administrativas o presupuestarias no deben traducirse en condiciones adicionales de castigo para quienes cumplen una sentencia.

En tanto, la ministra María Estela Ríos consideró que se trata de un problema social y administrativo complejo, por lo que planteó involucrar a la comisión estatal de derechos humanos y a la defensoría pública local.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz manifestó su preocupación por la orden de poner fin de manera inmediata al hacinamiento, debido a las implicaciones que podría tener en el funcionamiento del centro penitenciario.

Al final de la discusión, el ministro ponente indicó que modificará el proyecto para precisar que los eventuales traslados deberán realizarse conforme a la ley, además de contemplar acciones para promover beneficios de preliberación y capacitar al personal penitenciario.