México.- Los pobladores de los ríos Sonora y Bacanuchi interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno Federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos, informó el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Luis Miguel Cano, abogado de la organización, expuso que los juicios de amparo datan desde el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio y fueron interpuestos por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.
Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por no haberse realizado hasta ayer, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.
De acuerdo con el argumento del amparo, a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.
“La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue ‘no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, pero no hay un proyecto’. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada”, dijo el abogado.
LAS MENTIRAS
Julieta Lamberti, investigadora de Poder, aseguró que la atención a la población y la remediación de la contaminación, no fue una prioridad ni de la empresa ni del Gobierno Federal.
“A 12 meses del derrame, tanto el Gobierno Federal y Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación: el Gobierno Federal omiso en la atención y Grupo México ha estado mintiendo a la población de que el río está limpio y que el problema se solucionó”, dijo.
La organización realizó una investigación a través de 100 solicitudes de información a transparencia en donde encontró que la mina Buenavista del Cobre incumplió la ley, pues avisó dos días después del derrame a la Profepa, sin que la autoridad hiciera nada para sancionarla.
