AGENCIAS
Ciudad de México.– Los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos y sus derivados registraron un incremento de 207 por ciento durante 2025, al pasar de 425 casos en 2024 a mil 306, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El repunte representa el mayor aumento anual registrado en este delito y provocó que el huachicol volviera a colocarse como el tercer ilícito federal más frecuente en México, únicamente por debajo de los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, así como de aquellos relacionados con materia fiscal.
Las cifras reflejan un cambio significativo en la tendencia, luego de que en 2024 los casos habían disminuido casi a la mitad respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 795 delitos.
De acuerdo con el registro histórico citado en el informe, en 2019 se reportaron 701 casos; en 2022 fueron 604; en 2023, 795; en 2024, 425, y para 2025 la cifra se elevó hasta mil 306.
El crecimiento de estos delitos también ocurre en medio de las pérdidas millonarias que representa el robo y contrabando de combustibles para las finanzas públicas.
El pasado 27 de octubre, una publicación de Grupo Reforma informó que las pérdidas de recaudación por el robo y contrabando de combustibles y crudo durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum superaron, en términos reales, las registradas en periodos equivalentes de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.
Según un análisis del Observatorio Ciudadano de la Energía, la Secretaría de Hacienda habría dejado de recaudar 165 mil 437 millones de pesos por estos ilícitos durante los primeros dos años del actual gobierno. El monto representa 6.8 por ciento más que en el mismo periodo de López Obrador y 946 por ciento por encima del registrado durante la administración de Peña Nieto.
A este escenario se suma el impacto del llamado huachicol fiscal. Una semana antes, durante una conferencia presidencial, se presentó un informe que estimó en 61 mil millones de pesos el boquete en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante 2025, relacionado con esta modalidad de contrabando de combustibles.
Las cifras evidencian el crecimiento de los procesos penales por delitos relacionados con hidrocarburos y el impacto económico que estas actividades representan para las finanzas públicas del país.
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