AGENCIA
Ecuador.- La fuga de la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte de la embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba asilada, ha causado que Argentina y Ecuador tengan un rompimiento diplomático al expulsar a sus respectivos embajadores.
La exministra Duarte fue condenada por corrupción en Ecuador, pero se refugió en la embajada argentina, ubicada en Quito, el 12 de agosto de 2020 para evitar cumplir la sentencia, razón por la que la delegación diplomática la recibió en calidad de huésped por razones humanitarias.
En diciembre de 2022, Argentina otorgó asilo diplomático a Duarte para buscar un salvoconducto para que la funcionaria condenada por corrupción pudiera salir del país, sin embargo, las autoridades ecuatorianas negaron la solicitud.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina afirmó que la exministra abandonó la embajada “sin consulta ni previo aviso”. Destacó que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la señora Duarte” e incluso, culparon de esta fuga a la “inoperancia de las autoridades ecuatorianas”.
Luego de no quedar satisfechos con las conversaciones que se tuvieron de la fuga, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dio a conocer que se declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fuks.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dado a conocer que su gobierno tomará una medida recíproca expulsando al embajador de Ecuador en territorio argentino.
La exministra Duarte se encuentra en Venezuela, donde fue recibida por el embajador Oscar Laborde y los funcionarios consulares argentinos en Caracas, después de haber escapado el viernes 10 de marzo de la sede diplomática en Quito, hecho que ya es investigado por la Policía ecuatoriana.
Duarte debe una sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho en Ecuador, en tanto, la embajada argentina no ha facilitado información ni videos de seguridad para esclarecer la fuga.
María de los Ángeles Duarte fue ministra de Transporte en el gobierno de Rafael Correa y, según la Fiscalía, formó parte de la estructura que recaudó dinero privado de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos estatales.
