Orizaba, Ver. — Aunque el alcalde Juan Manuel Díez Francos presume que Orizaba es una ciudad modelo y de gran calidad, la realidad que enfrentan los ciudadanos es otra: calles con socavones, obras cuestionadas por su deficiente construcción y un manejo poco claro de los millonarios ingresos que genera el municipio por concepto de impuestos y cobros a visitantes en cada atractivo turístico.
La contradicción es evidente. Mientras el ayuntamiento presume estabilidad financiera y elevados ingresos municipales, proyectos recién inaugurados como la Atalaya del Cerro del Borrego presentaron recientemente fallas de seguridad que pusieron en riesgo a los visitantes. Además, el socavón que surgió en la calle oriente 4 entre Sur 9 y sur 11, que afectan el tránsito de vehículos de emergencia, desde ambulancias hasta patrullas, dejando en evidencia la falta de planeación en la infraestructura urbana.
Ciudadanos y activistas cuestionan que, con tanto dinero recaudado, las obras entregadas no cumplen con estándares mínimos de calidad. Por el contrario, acusan que se privilegia la imagen superficial de los proyectos turísticos, mientras se ocultan irregularidades como la compra de vehículos a una agencia propiedad del propio alcalde, lo que apunta a un conflicto de interés.
A ello se suma la inconformidad de colectivos animalistas que denuncian opacidad en torno a la llamada Reserva del Río Orizaba. Señalan que las autoridades impiden la difusión de imágenes sobre las condiciones de los animales en cautiverio, llegando incluso a desalojar a manifestantes que intentaban dar a conocer la realidad del lugar.
El malestar crece porque, pese a los recursos millonarios que entran a las arcas municipales, la administración de Díez Francos se mantiene en silencio ante los señalamientos. En lugar de transparentar el destino del dinero, se acusa que el alcalde encubre a funcionarios señalados por prácticas irregulares y actos de corrupción.
Ante este panorama, ciudadanos y organizaciones han exigido una auditoría independiente y verdadera rendición de cuentas, pues advierten que el patrimonio de los orizabeños no puede seguir usándose en proyectos deficientes ni en negocios disfrazados de obra pública.
