Mariana G. Hernández
el buen tono
Orizaba.- Las víctimas de desaparición forzada y cometida, emitieron un pronunciamiento en relación al debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la prisión preventiva.
En el documento se manifestó que, en México, las familias de personas desaparecidas, han luchado contra la criminalización, la revictimización por parte de las propias autoridades de investigación y búsqueda, y sobre todo contra la ineficiencia en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Mencionaron que después de mucho esfuerzo lograron que se legislaran las conductas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
“De manera organizada hemos luchado, no solo por mantener viva la memoria y la dignidad de nuestros familiares desaparecidos, sino porque exista un marco jurídico que permita llevar a juicio a los perpetradores. A cinco años de la aplicación de la Ley General de Desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, vemos con preocupación que apenas unos cuantos casos han logrado llegar a judicializar la responsabilidad de los perpetradores”, indicaron.
Los familiares de las víctimas reconocieron que resulta indignante que, en un país con casi 108 mil personas desaparecidas (según registros oficiales) no cuente ni siquiera con sentencias que repriman los delitos que laceran, no solo a las víctimas de desaparición y a sus familias, sino a la nación entera, una situación donde la justicia ha sido omisa y negligente y que las víctimas y sus familias nunca han estado en el centro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debate sobre la prisión preventiva establecida en el Artículo 19 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso” y que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
No obstante, para las familias de personas desaparecidas confían en que los ministros no dejarán nuevamente en estado de indefensión frente a los posibles perpetradores de la desaparición de nuestros
familiares.
“Las familias de personas desaparecidas estamos seguras que los ministros de la SCJN son sensibles y conscientes de la impunidad de nuestro sistema de investigación y justicia que, en lugar de condenar a los perpetradores, nos ha condenado a las víctimas y sus familias a un lacerante y tortuoso camino, donde no encontramos ni verdad ni justicia”,
expresaron.
Agregaron que son pocos aun los casos en proceso de judicialización por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en todo el país. Y señalaron que la impunidad de los perpetradores (en muchos casos integrantes del Estado) o la protección de ellos (por parte de autoridades del Estado), el modo de operación y de comisión de las conductas delictivas en materia de desaparición de personas, hace difícil demostrar la responsabilidad de quienes están en duelo permanente a más de 100 mil familias.
Reconocieron que las propias familias y algunas fiscalías especializadas sensibles al dolor han logrado vincular a proceso a los presuntos responsables, a quienes se ha aplicado la medida cautelar de Prisión Preventiva de manera oficiosa, pero desafortunadamente son pocos casos en los que se empieza a demostrar que la desaparición de personas fue y es una política de Estado, criminal, terrorista, injusta y que es lesiva de toda la esfera de derechos de las personas desaparecidas y sus
familias.
Finalmente, expresaron que las víctimas de desaparición de personas, considera que, sin una figura “extraordinaria” como la prisión preventiva para el caso de los presuntos responsables de los delitos de desaparición de personas, y desaparición cometida por particulares será más difícil ofrecer verdad y justicia que merecen no solo las víctimas, sino el país y la humanidad
entera.
A lo cual esperan que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomen en cuenta la particular complejidad y gravedad de los delitos de desaparición y partiendo del reconocimiento de los Derechos Humanos decidan, que es un derecho, una herramienta de justicia y no de impunidad.
