DE LA REDACCIÓN
El Buen Tono
Córdoba.- Documentos oficiales revelan que el patrimonio de Córdoba sufrió una severa descapitalización en el ejercicio 2025, registrando una pérdida de 86 millones de pesos. A pesar de que la administración simuló un superávit operativo, el análisis contable muestra que la ciudad se “empobreció” al comprometer sus activos y ahorros. Un indicador crítico es la liquidez inmediata: el efectivo disponible en bancos se desplomó un 40 %, pasando de 15.5 a solo 9 millones de pesos.
A esta crisis de liquidez se suma una cartera de recursos prácticamente incobrables que asciende a 37.9 millones de pesos. Estos adeudos, que entidades federales y estatales mantienen con el municipio desde 2016, permanecen estancados bajo el argumento de estar “en espera de un dictamen jurídico”. Tras una década sin recuperación, estos recursos difícilmente ingresarán a las arcas municipales, convirtiéndose en una pérdida latente para el erario.
La auditoría exhibe irregularidades que siguen impunes, como el caso de la constructora “Tamsa Todo de Acero y Materiales”. En 2017, la empresa recibió un anticipo de 2.8 millones de pesos para rehabilitar el Patio de la Estrella, obra inconclusa; ahora, el recurso no ha sido devuelto y el expediente está detenido en una carpeta de investigación en proceso de integración.
Otros desfalcos heredados continúan lastrando las finanzas actuales, destacando la desaparición de 12.1 millones de pesos en 2010. Estos fondos, originalmente destinados a obras en zonas marginadas, fueron transferidos indebidamente a una cuenta de ingresos generales y nunca se recuperaron. Asimismo, el municipio arrastra una deuda por bursatilización desde 2008 de 4.3 millones de pesos, cuyo esquema de pago se extiende hasta 2036.
En la vigilancia de esos recursos se señala a Vania López, quien fungió como síndica única en el trienio anterior y actual regidora novena desde el 1 de enero de 2026. Como responsable legal y fiscalizadora interna de la administración pasada, López fue la encargada de cuidar el patrimonio y dar seguimiento a las denuncias; sin embargo, los reportes indican que su gestión concluyó con más de 200 juicios sin resolver.
La regidora aprobó y firmó estados financieros con un grave nivel de desastre administrativo. El hecho de que los desfalcos, pérdidas y adeudos incobrables ocurrieran bajo su vigilancia plantea interrogantes sobre su labor como síndica y su rol en el Cabildo.
