De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El círculo de la corrupción que rodea al lavador del crimen organizado, líder del cartel inmobiliario y candidato impugnado, Manuel Alonso Cerezo se hace más evidente. Funcionarias señaladas por omisión, opacidad y desvío de recursos forman parte activa de su equipo, reforzando la percepción de que la estructura del candidato impugnado se alimenta de perfiles con historial cuestionable.
Maribel Calatayud Ramos, coordinadora del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar del DIF de Córdoba. Su puesto implica estar disponible 24/7 para atender a mujeres violentadas, pero ha sido vista acompañando actos proselitistas del impugnado y participando incluso en la grabación de videos promocionales.
Le sigue Juanita Cortés Mendo, directora de la primaria Adolfo López Mateos de Fortín, señalada por padres por su complicidad en la malversación de recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”.
A esta red se suma Francisco Arenas, exfuncionario de la SEV, señalado por operar y manejar recursos a favor de Aldo Valerio Zamudio. Arenas fue responsable de desviar fondos destinados a viáticos y gastos operativos, fungiendo como operador financiero del entonces titular. Con este antecedente su nombre suena como posible tesorero (para encubrir a Isaac Luz), en el eventual gobierno del lavador del crimen organizado, Manuel Alonso Cerezo.
Ambas funcionarias y este operador financiero, contribuyen a una campaña marcada por el descrédito: un aspirante denunciado por lavado de dinero, acusado de violencia y señalado como líder de una red de despojos conocida ya como el “Cártel Inmobiliario” en Córdoba.
