De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Luego de que el impugnado, alias el lavador del crimen organizado y líder del cártel inmobiliario, se autoproclamó “ganador” de una elección manchada por denuncias, fraudes y urnas infladas, ya comenzaron los movimientos para instalar a su camarilla de saqueadores en el poder.
Al frente del atraco institucional se colocan los mismos de siempre: Jesús Manuel Lazo y Ramón Méndez, los eternos operadores del cártel del Chayote, quienes se dedican a extorsionar gobiernos municipales a cambio de silencio y propaganda disfrazada de notas.
Lo grave es que ni Jesús Lazo ni Ramón Méndez cuentan con registro oficial como periodistas ni como medios de comunicación. Se ostentan como prensa para obtener contratos, prebendas y acceso a recursos públicos, sin cumplir requisitos legales mínimos.
En las tres últimas administraciones han cobrado contratos inflados para “medios” que nadie sigue ni consulta. Sus páginas acumulan miles de pesos del erario pero eso no importa: lo que vale es su habilidad para infiltrar familiares en la nómina, como lo ha hecho Jesús Lazo con su hija y otros allegados.
Ramón Méndez arrastra una denuncia penal por el saqueo de recursos y el incendio de oficinas de uno de sus colaboradores, todo con el fin de desaparecer evidencia del desfalco de casi 3 millones de pesos en la Secretaría de Gobierno del Estado. Según expedientes, su esposa y hermano fueron usados como prestanombres para esconder propiedades, cuentas y bienes y él se esconde para evitar ser emplazado judicialmente.
Jesús Lazo, por su parte, está denunciado por fraude: se quedó con terrenos donados para periodistas agrupados en la hoy desaparecida y sin registro oficial Asociación de Periodistas de Córdoba y la Región (APECOR). Dichos terrenos los vendió con precios que iban desde los 5 mil pesos en adelante. Bajo la promesa de gestionar servicios para iniciar los procesos de construcción, mantuvo a su disposición a algunos periodistas.
Con la aparición de la Unión de Periodistas de las Altas Montañas –asociación que se convertiría en la única con registro oficial– encabezada por el periodista José Verástegui, sus sueños de ambición se vinieron abajo. Sólo logró quedarse el predio para convertirlo en un negocio personal.
El pastel se agria aún más con Aldo Valerio Zamudio, quien operó durante la campaña del impugnado como segundo jefe de medios. Hoy pelea su cuota de botín ante el avance de los Lazo y Méndez. La disputa por la Dirección de Comunicación Social no tiene que ver con estrategias, sino beneficios personales.
