AGENCIA
Ensenada, B. C.- Mientras la mayoría de los ciudadanos en México enfrenta la inseguridad sin más protección que sus propios medios, el diputado local de Morena, Juan Manuel Molina García, fue exhibido públicamente por contar con escoltas desde hace más de 17 años, presuntamente con un costo superior a los 100 mil pesos mensuales pagados con recursos públicos.
El señalamiento apareció en un espectacular colocado en una de las zonas más transitadas de Mexicali, sobre la calzada Independencia, a la altura de la Clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El mensaje cuestiona por qué un legislador mantiene tres escoltas financiados “por el pueblo”, con un gasto promedio mensual de 120 mil pesos, y está firmado por un grupo que se identifica como “Cachanillas unidos contra la corrupción”.
Más allá del monto exacto —que el propio legislador evitó confirmar o desmentir—, el fondo del reclamo apunta a un problema estructural: la normalización de privilegios de seguridad para la clase política, en un contexto donde la ciudadanía común debe “cuidarse como pueda”, sin escoltas, sin vehículos oficiales y, muchas veces, sin respuesta efectiva de las autoridades.
Lejos de ofrecer una explicación clara y transparente, Molina García respondió con desdén a los cuestionamientos, comparando la atención mediática con actividades recreativas o religiosas, e incluso sugiriendo que quienes lo critican “necesitan ayuda”. No aclaró si cuenta actualmente con escoltas ni cuánto cuestan, y rechazó emprender acciones legales porque, dijo, tiene “cosas más importantes qué hacer”.
La polémica también alcanzó al ámbito municipal. La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, aseguró que la escolta está “totalmente justificada” debido a un documento del gobierno estatal que considera al diputado como persona en situación de riesgo. Sin embargo, reconoció no conocer con precisión los costos ni los detalles del resguardo, y admitió que se enteró de las cifras tras ver el espectacular.
El caso deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar: mientras se pide a la población confiar en las instituciones de seguridad pública, muchos funcionarios optan por blindarse con esquemas especiales pagados por el erario. La pregunta de fondo no es solo cuánto cuesta esa protección, sino por qué la seguridad parece ser un privilegio permanente para unos cuantos y una responsabilidad individual para la mayoría.
Ese gasto podría estar financiando otras necesidades urgentes. La confianza pública se erosiona con cada caso así. ¡Robando al pueblo porque quieren y pueden, no hay otra explicación!
Y solo se expone a un Diputado, ahora que expongan a todos los Diputados y Senadores. ¡La mayoría son corruptos y ruines!
