De la redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que contempla multas de hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para las empresas que realicen llamadas comerciales o publicitarias de manera reiterada y sin autorización de los consumidores.
El dictamen, aprobado con 96 votos a favor, modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación y establece sanciones de entre 56 mil 570 pesos y más de 2.3 millones de pesos para quienes insistan en contactar a personas que previamente hayan manifestado que no desean recibir comunicaciones comerciales.
La propuesta, presentada por la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón en octubre de 2025, busca fortalecer el derecho de los consumidores a rechazar este tipo de llamadas y evitar que tengan que negar repetidamente las ofertas de una misma empresa.
La reforma también establece que las compañías serán responsables aunque contraten a terceros para realizar las llamadas. Es decir, recurrir a despachos, agencias o empresas externas no las eximiría de cumplir con las disposiciones sobre protección de datos y comunicaciones comerciales.
Durante el debate, la senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura destacó el incremento de las sanciones, al señalar que actualmente las multas previstas para este tipo de prácticas son considerablemente menores.
El dictamen también aborda el uso de datos personales con fines mercadotécnicos y publicitarios, con el objetivo de que los consumidores tengan mayor control sobre la utilización de su información.
De acuerdo con datos citados durante la discusión, México registra un promedio estimado de entre 20 y 25 llamadas spam por usuario al mes, según información de la aplicación Truecaller.
Sin embargo, la reforma todavía no entra en vigor. Tras su aprobación en el Senado, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado y, en su caso, aprobado para continuar con el proceso legislativo.
De concretarse, las nuevas disposiciones permitirían imponer sanciones millonarias a empresas que continúen realizando llamadas comerciales o publicitarias de manera reiterada y persistente pese a la negativa expresa de los consumidores.
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