Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- A 34 años del desastre ambiental de Anaversa, el Senado de la República reabre el expediente y exige justicia. La senadora Laura Itzel Castillo presentó un Punto de Acuerdo para que el Estado mexicano reconozca oficialmente el desastre y ofrezca una disculpa pública a las víctimas y al pueblo de Córdoba.
Fue el pasado 24 de abril cuando se ingresó el documento, que rápidamente fue difundido por la legisladora en redes sociales. En él, se exige que el Estado asuma su responsabilidad por uno de los peores desastres industriales que, aún hoy, sigue afectando a miles de cordobeses.
Mientras se busca la reparación del daño, no se olvida la gestión de Enrique Bustos Berthau, cuya administración fue cómplice en el desvío de fondos federales destinados a la emergencia. Los recursos que debían ser usados para rehabilitar la zona nunca llegaron a las víctimas. En lugar de atender la tragedia, Bustos se dedicó a acrecentar su fortuna personal, desviando el dinero hacia lujosos proyectos privados, como una clínica dental en Puebla.
Bustos, quien nunca ofreció explicaciones satisfactorias sobre el destino de los recursos, es ahora el foco de una nueva investigación. Su mandato está marcado por la opacidad, el abuso de poder y el desinterés por las víctimas. La evasión de responsabilidades, especialmente por parte del ex tesorero municipal, José Miguel Cobián Elías, refleja el colapso de la administración local de aquella época.
La reapertura del expediente Anaversa es una oportunidad para destapar la corrupción que prevaleció bajo el mandato de Bustos. Mientras Córdoba aún espera justicia, el juicio político y social contra el ex alcalde continúa. Los responsables de beneficiar su bolsillo mientras dejaban a la gente desamparada deben rendir cuentas por sus actos.
