AGENCIAS
Ciudad de México.— El Senado de la República determinó reservar por un periodo de cinco años la información relacionada con gastos, apoyos legislativos y contratos ejercidos con recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2025, en un contexto que coincide con la presidencia de la Mesa Directiva encabezada por Gerardo Fernández Noroña.
La resolución fue emitida tras una solicitud de acceso a la información presentada por el medio La Silla Rota, en la que se requirió el acceso a facturas, comprobantes fiscales digitales (CFDI), pólizas, contratos, recibos y demás documentos que acreditaran el destino de recursos públicos asignados a legisladores y grupos parlamentarios.
De acuerdo con la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del Senado, la información fue clasificada como reservada a petición de la Contraloría Interna, bajo el argumento de que forma parte de procedimientos de fiscalización y auditoría aún en curso. La determinación fue avalada por el Comité de Transparencia de la Cámara alta.
En los primeros nueve meses de 2025, los reportes presupuestales del Senado registraron la entrega de más de 551 millones de pesos en apoyos y subvenciones a bancadas legislativas, lo que representa más de 61 millones de pesos mensuales, con un incremento superior al 30% respecto a legislaturas anteriores.
Con esta decisión, no será posible conocer durante cinco años el detalle de proveedores, montos por legislador, conceptos de gasto ni la distribución de recursos ejercidos, al tratarse de información vinculada a erogaciones con recursos del erario.
La medida ocurre en medio de un discurso oficial que promueve la austeridad y la transparencia como ejes del servicio público. Sin embargo, especialistas en rendición de cuentas han señalado que la clasificación de información limita el escrutinio ciudadano sobre el uso del dinero público, especialmente en casos donde la legislación prevé la publicación de versiones públicas para garantizar la supervisión institucional.
Organizaciones civiles han advertido que la opacidad en el gasto legislativo debilita los mecanismos de control democrático y dificulta la detección de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
El Senado ha sostenido que la reserva busca no interferir con procesos de fiscalización en curso, aunque en términos prácticos la decisión aplaza el acceso a la información hasta que concluya el periodo establecido o desaparezcan las causas de clasificación.
