AGENCIA
Nacional.- La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, advirtió que antes de obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos personales mediante un registro obligatorio de líneas telefónicas, el gobierno debe resolver los problemas estructurales que existen en torno a la extorsión y garantizar la salvaguarda de las bases de datos que contendrán esta información.
En entrevista, la legisladora señaló que para combatir de fondo el delito de extorsión es indispensable abatir la impunidad y contar con un marco legal que avance al ritmo de la delincuencia organizada. Consideró que, aunque el registro de líneas puede ser una medida positiva en teoría, la legislación y las capacidades del Estado se encuentran rezagadas frente a los métodos cada vez más sofisticados que utilizan los grupos criminales.
Anaya Mota explicó que la extorsión telefónica ya no se limita a llamadas locales, sino que opera mediante líneas internacionales y esquemas de triangulación, con llamadas que aparentemente provienen de países como India, Turquía, Estados Unidos o Brasil. Señaló que incluso existen call centers que pueden estar físicamente en México, pero operan con líneas extranjeras, lo que dificulta la identificación del origen real de las llamadas.
La senadora reconoció que uno de los principales riesgos del registro telefónico es la venta ilegal de bases de datos, tanto de instituciones públicas como de empresas privadas. En ese sentido, subrayó que las compañías de telefonía móvil que recaben los datos personales de los usuarios están obligadas a cumplir la ley y a resguardar de manera estricta la información de los titulares de las líneas.
Asimismo, insistió en la necesidad de combatir la corrupción que persiste al interior de los centros penitenciarios, desde donde operan numerosas bandas de extorsionadores, así como posibles redes de colusión entre delincuentes, funcionarios y operadores de servicios telefónicos.
En cuanto al beneficio para la ciudadanía, Anaya Mota señaló que el registro de líneas telefónicas podría ayudar, si se aplica correctamente, a facilitar la identificación de responsables de extorsión, secuestro u otros delitos cometidos mediante llamadas telefónicas. Esto permitiría a las autoridades rastrear con mayor rapidez las líneas utilizadas para actividades ilícitas, fortalecer las investigaciones y, en consecuencia, ofrecer mayor protección a las víctimas y reducir la reincidencia de este tipo de delitos.
No obstante, recalcó que este beneficio solo será real si se garantiza la protección de los datos personales, se evita su uso indebido y se mejora la efectividad de las fiscalías y corporaciones policiacas para actuar con la información disponible.
Finalmente, la legisladora recordó que el Congreso de la Unión ha endurecido en los últimos años la legislación contra la extorsión, incluyendo sanciones para extorsionadores que operan desde prisión y para directivos de los penales. Por ello, afirmó que las autoridades ya no tienen pretexto para no actuar con eficacia frente a este delito, y que el reto principal no es la falta de leyes, sino su correcta aplicación.
