AGENCIA
Chenalhó, Chiapas.- Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena de derechos humanos de 38 años, fue asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. El homicidio ocurrió pese a que contaba con medidas de protección del gobierno federal, luego de recibir amenazas de muerte y sufrir agresiones relacionadas con su labor en comunidades afectadas por la violencia y los desplazamientos forzados.
De acuerdo con testimonios de sus familiares, Reynaldo llegó a la casa familiar alrededor de las 14:00 horas y, poco después, recibió una llamada telefónica en la que lo citaron en un taller mecánico ubicado a un costado de la carretera hacia Yabteclum. Acudió al lugar acompañado de su hijo de nueve años.
Alrededor de las 15:30 horas, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al taller y le dispararon. Siete balas lo alcanzaron en la cabeza y el pecho. Personal de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias y posteriormente entregó el cuerpo a sus familiares.
El padre de la víctima, Sebastián Pérez, señaló que no tiene dudas de que el asesinato está relacionado con la labor que su hijo realizaba en defensa de personas amenazadas, desplazadas o despojadas de sus bienes. Afirmó que Reynaldo había recibido amenazas reiteradas y que, durante algunas actividades fuera de su comunidad, ambos fueron perseguidos por personas a quienes identificó como integrantes del grupo relacionado con José Herrera.
Reynaldo acompañaba a habitantes de comunidades indígenas que denunciaban agresiones y desplazamientos forzados. A finales de septiembre organizó en Tuxtla Gutiérrez una protesta de familias desplazadas de Santa Martha, localidad de Chenalhó, expulsadas de sus hogares en medio de una disputa territorial.
También brindaba asesoría legal a integrantes de El Machete, grupo de autodefensas surgido en julio de 2021 en el vecino municipio de Pantelhó para enfrentar la violencia que habitantes de la región atribuían a Los Herrera. Pobladores han señalado a este último grupo como presunto aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); estas acusaciones forman parte de las denuncias sobre el conflicto regional.
Amenazas y medidas de protección
Las amenazas contra Reynaldo no eran nuevas. El gobierno federal lo incorporó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 13 de junio de 2023, después de que se registraran agresiones contra comunidades desplazadas de Santa Martha.
Como parte de las medidas, recibió un teléfono satelital y un botón de pánico. Sin embargo, relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya habían advertido que él y otro defensor tsotsil, José Vásquez Gutiérrez, enfrentaban amenazas de muerte desde octubre de 2022, además de un intento de desaparición y ataques armados. Los especialistas cuestionaron que las medidas implementadas fueran suficientes para garantizar su seguridad.
Tras el homicidio, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró en redes sociales que no habría impunidad. Mientras Sebastián Pérez dijo dejar en manos de Dios la justicia por la muerte de su hijo, la madre y las hermanas del defensor exigieron que las autoridades localicen y castiguen a los responsables.
Tres defensores asesinados en el contexto de la crisis de Pantelhó
El crimen de Reynaldo se suma a una serie de asesinatos de defensores y personas vinculadas con la crisis de violencia en Pantelhó y municipios vecinos.
El 5 de julio de 2021, Simón Pedro Pérez López, catequista indígena y expresidente de la organización Las Abejas de Acteal, fue asesinado a tiros en el mercado de Simojovel, frente a su hijo. Dos días después, integrantes de El Machete irrumpieron en la cabecera municipal de Pantelhó.
El 20 de octubre de 2024, el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, quien había mediado en el conflicto y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinado por dos hombres que viajaban en motocicleta en San Cristóbal de Las Casas.
A estos casos se suma el homicidio de Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena asesinado en agosto de 2021 cuando investigaba hechos violentos relacionados con Pantelhó. En 2024, Daily de los Santos Herrera, señalado como autor intelectual de ese crimen, recibió una sentencia condenatoria de 25 años de prisión.
La violencia en la región tiene antecedentes de larga data. En 1997, la masacre de Acteal dejó 45 personas indígenas muertas. En 2017, una disputa territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán provocó el desplazamiento de 5 mil 266 personas, distribuidas en 11 campamentos, de acuerdo con datos citados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde junio de 2022, el conflicto armado en Santa Martha también obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares y refugiarse en Polhó. El 2 de junio de 2023, un ataque contra personas desplazadas dejó siete muertos, incluido un niño de tres años. En esa disputa por tierras, que también involucra un antiguo conflicto con el municipio de Aldama por 60 hectáreas, Reynaldo participaba como mediador.
La situación de inseguridad continúa. Este mes, 15 familias de la Fracción Tzanembolom, en los límites de Chenalhó y Pantelhó, denunciaron que un grupo armado las mantenía retenidas bajo amenazas.
El asesinato de Reynaldo Pérez vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de las medidas de protección para salvaguardar a defensores indígenas que trabajan en una región marcada por disputas territoriales, desplazamientos y agresiones armadas.
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