AGENCIA
Nacional.- Durante la conferencia de prensa del miércoles 18 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó que algunos instrumentos incluidos en tratados internacionales han abierto la puerta a demandas multimillonarias contra el Estado mexicano, incluso por decisiones vinculadas con leyes ambientales, derechos humanos o reformas constitucionales recientes.
El señalamiento surgió a partir de casos acumulados durante décadas, en los que empresas extranjeras han recurrido a tribunales internacionales para exigir compensaciones que podrían ascender a decenas de miles de millones de pesos, bajo el argumento de afectaciones a sus inversiones.
En este contexto, se abordó el capítulo 14 del T-MEC, particularmente sus anexos D y E, los cuales contemplan mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado mexicano.
La Secretaría de Economía explicó que estos esquemas de arbitraje fueron creados originalmente para garantizar justicia y certeza jurídica a empresas trasnacionales que consideraban no recibir un trato equitativo en otro país. No obstante, reconoció que con el paso del tiempo esta figura se ha distorsionado, convirtiéndose en un terreno propicio para la especulación legal.
De acuerdo con la dependencia, han surgido despachos internacionales que promueven litigios incluso en casos considerados improcedentes, financiando los procesos como si se tratara de apuestas, ya que al ganar obtienen porcentajes elevados de las indemnizaciones otorgadas. Esta práctica ha incentivado que más empresas sean persuadidas para demandar, bajo la lógica de que un mayor número de litigios incrementa las probabilidades de obtener pagos millonarios.
Ante este escenario, la discusión sobre los límites del arbitraje internacional se mantiene desde hace al menos dos años en distintos foros globales, donde varios países buscan un equilibrio entre la protección a la inversión extranjera y el freno a los abusos jurídicos.
Sheinbaum recordó que los tratados comerciales establecen mecanismos específicos de solución de controversias y que estos fueron aprobados por el Senado de la República, por lo que no responden únicamente a decisiones del Poder Ejecutivo. Si bien reconoció que eliminar por completo estos instrumentos sería complejo, subrayó la necesidad de impedir que se utilicen como herramientas de presión económica contra el país.
La mandataria adelantó que este tema será central en el proceso de revisión del T-MEC, con el objetivo de mantener la certeza jurídica para los inversionistas, pero evitando que los tribunales internacionales se conviertan en un negocio a costa del Estado mexicano.
