AGENCIA
Nacional.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno pretende poner en marcha este año el llamado Plan de Digitalización de la Economía, una estrategia orientada a reducir el uso de efectivo en el país bajo el argumento de modernizar las transacciones y promover los pagos electrónicos.
La propuesta, resumida por la propia mandataria en la idea de que “se use menos efectivo”, ha generado preocupación entre especialistas y sectores sociales, quienes advierten que el planteamiento no solo tiene implicaciones económicas, sino también profundas consecuencias en materia de libertades individuales, privacidad y control estatal.
Eliminar o desplazar el uso del efectivo implica que cada transacción cotidiana quede registrada, rastreable y potencialmente sujeta a supervisión gubernamental o financiera. Analistas señalan que avanzar hacia una economía casi totalmente digital abre la puerta a mecanismos de vigilancia sobre el consumo, la movilidad económica y las decisiones personales de millones de ciudadanos.
A ello se suma el riesgo de exclusión financiera. En un país donde amplios sectores de la población carecen de acceso estable a servicios bancarios, internet o dispositivos electrónicos, reducir el efectivo significa dejar fuera a comunidades rurales, adultos mayores y trabajadores informales que dependen del dinero físico para subsistir.
Especialistas también advierten sobre la fragilidad de un sistema completamente digital. Fallas tecnológicas, ciberataques o apagones podrían paralizar la economía cotidiana, dejando a la población sin medios inmediatos para realizar compras básicas o acceder a servicios esenciales.
Críticos del plan cuestionan cómo un gobierno que se dice defensor de los sectores más vulnerables plantea una medida que puede aumentar la dependencia del sistema financiero, limitar la autonomía económica y concentrar mayor poder de control en el Estado y los bancos.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha explicado con claridad los alcances reales del plan ni ha presentado garantías concretas para proteger la privacidad, la libertad financiera y el acceso universal. El anuncio, lejos de generar consenso, ha abierto un debate incómodo: Si la modernización económica justifica sacrificar el uso del efectivo y, con ello, una de las últimas herramientas de autonomía directa de la ciudadanía.
