De la redacción
El Buen Tono
La compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha vuelto a encender el debate político. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de diversificación, que busca distribuir la compra entre más proveedores y no concentrarla en una o dos empresas como ocurría antes.
“Antes era para una empresa o dos, y la verdad, pues, es que hay una producción mayor en distintos espacios. Obviamente, tienen que cumplir con la Ley Federal del Trabajo y todas las características de explotación de la mina. Ahora se buscó que tuviera mayor diversificación y que llegara a más personas la compra de carbón por CFE”, explicó la mandataria.
Sheinbaum recordó que su postura anterior sobre los conflictos de interés de legisladores con contratos gubernamentales permanece vigente. En octubre de 2024, la presidenta señaló que los diputados no deberían tener contratos con el Gobierno, haciendo referencia al caso del diputado Antonio Flores, conocido como “Rey del Carbón” o “Lord Lamborghini”, quien recibió adjudicaciones millonarias en sexenios pasados.
La directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, aseguró que no hay irregularidades en la licitación de carbón para las centrales José López Portillo y Carbócsn II, adjudicada el 8 de octubre pasado por más de 12 mil 239 millones de pesos. La licitación, que benefició a 26 empresas con 27 partidas y más de 7 millones 988 mil toneladas de carbón, se realizó bajo los principios de transparencia, legalidad e igualdad entre proveedores.
La decisión de diversificar la compra de carbón ha generado descontento entre quienes antes concentraban la venta, aunque se busca asegurar el suministro de las centrales termoeléctricas y generar un impacto positivo en la región carbonífera.
Además, el debate político se intensificó luego de un enfrentamiento físico entre los diputados Ricardo Mejía y Theodoros Kalionchiz en las oficinas de la CFE, relacionado con la adjudicación de contratos y la defensa de intereses de Antonio Flores.
La diversificación, aseguran autoridades, pretende equilibrar la distribución de beneficios y mantener la legalidad en un sector estratégico para la generación de energía en el país.
