Agencias
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con la llegada de ministros electos por voto popular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se terminaron los privilegios de los que gozaban los integrantes del máximo tribunal en etapas anteriores.
Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó documentos del Órgano de Administración Judicial en los que se detalla que, para 2026, los ministros tendrán un sueldo neto mensual de 134 mil pesos, cifra considerablemente menor a los 206 mil pesos que percibían en 2023, ajuste que —subrayó— se apega a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Sheinbaum explicó que, además de la reducción salarial, se eliminaron diversos beneficios adicionales, entre ellos seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizada, apoyos para alimentos y medicinas, pagos por riesgo, así como servicios de telefonía cubiertos con recursos públicos.
La presidenta también dio a conocer la cancelación de 59 trámites extraordinarios que anteriormente podían solicitar los ministros, como apoyos para reparación de electrodomésticos, compra de despensa, suministro de pipas de agua, gestión de boletos en estadios, reservaciones en restaurantes, obtención de autógrafos y objetos personales de celebridades, además de la asignación de personal para guardias en domicilios, labores de limpieza y cuidado de menores de edad.
Indicó que la información fue proporcionada por el Órgano de Administración Judicial, responsable de transparentar los salarios y beneficios del Poder Judicial, y destacó que estos cambios buscan erradicar prácticas de exceso y opacidad.
No obstante, recordó que este martes el diario 24 Horas publicó que dicho órgano aún no ha difundido el desglose completo de los salarios del Poder Judicial y mantiene sin claridad el manejo de aproximadamente 62 mil millones de pesos destinados al rubro de Servicios Personales.
Sheinbaum reiteró que su administración continuará impulsando medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, con el objetivo de eliminar privilegios y garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
