Agencias
México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió al paso de las acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, tras la denuncia presentada por el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, que lo vincula con presuntos delitos relacionados con tráfico de huachicol fiscal y otras irregularidades. Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre, Sheinbaum calificó las acusaciones como “pura politiquería” y precisó que la investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR), no al Gobierno Federal.
Sheinbaum destacó que su administración mantiene una política de “cero impunidad” frente a delitos de robo de combustible y corrupción: “Cero impunidad… tope hasta donde tope”, subrayó, recordando que las recientes detenciones realizadas con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son prueba de que se investiga y sanciona a todos los responsables, sin importar su cargo.
El legislador panista presentó la denuncia el 27 de agosto, señalando no solo a López Beltrán, sino también a otros funcionarios de Morena como Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya y Ricardo Peralta, así como “quien resulte responsable”. El expediente fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e incluye presuntos delitos de conspiración, delincuencia organizada, contrabando, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Döring afirmó que los recursos obtenidos de esta presunta red habrían financiado campañas políticas de Morena y retomó antecedentes de investigaciones iniciadas en agosto de 2022 por irregularidades en el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte.
Sheinbaum señaló que, en caso de ser necesario, las autoridades competentes aplican medidas precautorias como el bloqueo de cuentas o extinción de dominio, y reafirmó que la denuncia opositora se da en un contexto político previo a un periodo de tensiones partidistas, insistiendo en que se requieren pruebas sólidas para avanzar en cualquier investigación y judicialización de los casos.
