De la redacción
El Buen Tono
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el uso de la fuerza pública para reprimir la manifestación por la presunta contaminación del agua en Guadalajara y exigió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicar por qué los policías utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos para enfrentar a los manifestantes, además de informar los nombres de todas las personas detenidas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el Gobierno estatal debe rendir cuentas sobre el operativo, al señalar que existe una diferencia entre contener una movilización y reprimirla.
“El Gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron”, expresó Sheinbaum, quien reiteró que su administración no está de acuerdo con la represión y llamó a privilegiar el diálogo, tanto de las autoridades como de quienes participan en las protestas.
La presidenta también señaló que las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica y que las autoridades tienen la responsabilidad de explicar el uso de la fuerza pública. En este caso, insistió, corresponde al Gobierno de Jalisco aclarar las razones por las que recurrió a chorros de agua y gases lacrimógenos durante la movilización.
La protesta se realizó ante las denuncias ciudadanas por la presunta contaminación del agua que abastece a distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. La intervención policial derivó en enfrentamientos, detenciones y personas lesionadas.
AGUA CONTAMINADA Y RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN
Sheinbaum también abordó el problema del suministro de agua en Jalisco y afirmó que la solución debe analizarse de manera conjunta entre el Gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Informó que representantes de la administración de Lemus sostendrían una reunión con funcionarios federales para revisar las alternativas técnicas y financieras que permitan atender la contaminación del líquido.
La mandataria advirtió, sin embargo, que el Gobierno federal no respaldará esquemas de financiamiento que impliquen la privatización de los servicios de agua.
Explicó que existen mecanismos para financiar y operar proyectos sin que ello signifique entregar el servicio a particulares, por lo que consideró necesario revisar la propuesta del Gobierno de Jalisco antes de definir una solución.
Mientras continúan las inconformidades ciudadanas por la calidad del agua, el Gobierno estatal enfrenta dos exigencias: aclarar el operativo policial y explicar qué medidas implementará para garantizar que el suministro sea seguro para la población.
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