Agencias
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si el Grupo Salinas llega a pagar el adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos que mantiene desde 2008 y que hoy se encuentra en última instancia judicial, los recursos se destinarían a ampliar programas sociales. Sin embargo, el planteamiento volvió a encender el debate sobre la falta de rigor del Estado frente a los grandes corporativos, contrastando con la severidad con la que se cobra a millones de contribuyentes comunes.
Durante la explicación oficial, tanto la Presidencia como el SAT insistieron en que el proceso se apega a lo que marca la ley y que el grupo empresarial aún puede solicitar ajustes y esquemas de pago. Para críticos, esta “flexibilidad legal” evidencia un sistema fiscal que permite a grandes empresarios prolongar litigios durante años, mientras pequeñas y medianas empresas enfrentan embargos y sanciones inmediatas por adeudos mucho menores.
Sheinbaum evitó confrontar directamente a Ricardo Salinas Pliego y descartó polemizar sobre sus declaraciones públicas, aunque reconoció que se trata de un adeudo histórico con resoluciones judiciales firmes. La falta de una postura más contundente refuerza la percepción de que, pese al discurso de justicia fiscal, el poder económico sigue teniendo margen para negociar lo que a otros se les exige sin concesiones.
Además, especialistas y usuarios en redes cuestionan que el eventual pago se anuncie como recurso para “regalar dinero”, cuando México arrastra una deuda pública creciente que ningún gobierno ha logrado reducir. Para ellos, antes de ampliar programas sociales, esos miles de millones deberían destinarse a sanear las finanzas públicas, pues sexenio tras sexenio se promete equidad fiscal mientras el país termina más endeudado.
