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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar señalamientos directos contra el Gobierno de México al asegurar que “los cárteles tienen un control tremendo sobre México”, y al acusar que “los políticos y la gente son elegidos”, en una narrativa que sugiere una presunta captura del Estado por parte del crimen organizado.
Las declaraciones, emitidas en un contexto de creciente tensión bilateral por temas de seguridad y migración, fueron calificadas por analistas como simplistas, unilaterales y carentes de autocrítica, al omitir el papel que juega Estados Unidos en el fortalecimiento de los grupos criminales que operan en territorio mexicano.
Diversos especialistas en seguridad y relaciones internacionales coincidieron en que, antes de responsabilizar exclusivamente a México, Washington debería frenar de manera efectiva el tráfico ilegal de armas que fluye desde Estados Unidos hacia México, y que es uno de los principales factores que alimentan la violencia del crimen organizado. De acuerdo con estimaciones académicas y oficiales, una gran proporción de las armas utilizadas por los cárteles proviene del mercado estadounidense, donde la regulación es laxa y el control fronterizo en ese rubro resulta insuficiente.
Asimismo, expertos subrayaron que el consumo de drogas en Estados Unidos, junto con el lavado de dinero a través de su sistema financiero, sigue siendo un pilar fundamental del poder económico de los cárteles, temas que rara vez son abordados con la misma dureza en el discurso político estadounidense.
Analistas advirtieron que este tipo de declaraciones no solo tensionan la relación bilateral, sino que también desvían la atención de una responsabilidad compartida. Señalar a México sin reconocer las fallas estructurales de Estados Unidos en el control de armas, drogas y flujos financieros ilícitos, señalaron, dificulta cualquier estrategia real de cooperación regional contra el crimen organizado.
Finalmente, especialistas llamaron a que el combate a los cárteles se base en acciones conjuntas, corresponsabilidad y políticas públicas integrales, y no en discursos políticos que, lejos de ofrecer soluciones, profundizan la confrontación entre ambos países.
