AGENCIA
Nacional.- A siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno federal se prepara para celebrar lo que considera una etapa de logros históricos. Sin embargo, un análisis detallado de los principales indicadores económicos, sociales, de seguridad e institucionales muestra un panorama muy distinto al discurso oficial. Lejos de consolidar un cambio positivo, el sexenio iniciado en 2018 y continuado por la actual administración ha dejado una estela de decisiones costosas, proyectos fallidos, debilitamiento del Estado y una crisis persistente en seguridad, salud y gobernabilidad.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) marcó el primer gran golpe financiero de la administración. La decisión implicó pérdidas directas estimadas en más de 331 mil millones de pesos, a lo que se sumaron los costos del Aeropuerto Felipe Ángeles, sus obras complementarias y la remodelación del AICM. En conjunto, el gasto superó los 460 mil millones de pesos, muy por encima de lo que habría costado concluir el proyecto original, que además contemplaba una alta participación privada.
A esta decisión se sumaron proyectos de infraestructura cuestionados por su rentabilidad, impacto ambiental y opacidad. La refinería de Dos Bocas pasó de un costo estimado de 8 mil 900 millones de dólares a más de 20 mil millones, con severos daños ecológicos por la deforestación de manglares y selva. El Tren Maya, otra de las obras emblemáticas, ya supera los 545 mil millones de pesos y opera muy por debajo de sus metas de pasajeros. A ello se suman los impactos ambientales irreversibles en la selva maya, afectaciones a cenotes, fauna silvestre y ecosistemas protegidos.
La compra de la refinería Deer Park, la creación de la llamada “megafarmacia” y el relanzamiento de Mexicana de Aviación completan un conjunto de proyectos cuyo costo conjunto ronda el billón de pesos, sin que hasta ahora existan resultados proporcionales a la inversión realizada.
El manejo de la pandemia fue otro de los episodios más cuestionados. México cerró la emergencia sanitaria con una de las cifras más altas de mortalidad en el mundo. Aunque oficialmente se reconocieron poco más de 330 mil muertes, el exceso de mortalidad estimado elevó la cifra real a entre 600 mil y 800 mil fallecimientos. Diversos análisis coinciden en que una parte importante de estas muertes pudo haberse evitado con decisiones más oportunas, mayor inversión en salud y una estrategia de prevención más sólida.
En materia de seguridad, el sexenio de López Obrador se convirtió en el más violento del que se tenga registro. Con casi 200 mil homicidios, superó ampliamente a administraciones anteriores. La política de “abrazos y no balazos” no logró contener al crimen organizado, que expandió su control territorial, incrementó la extorsión y fortaleció su presencia en actividades económicas formales e informales. La violencia política también se disparó, con decenas de alcaldes, funcionarios y aspirantes asesinados. El problema persiste bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
El país también se consolidó como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Decenas de comunicadores fueron asesinados durante el sexenio anterior y los ataques continúan. Incluso periodistas que contaban con medidas de protección fueron víctimas de homicidio, evidenciando la ineficacia del mecanismo estatal.
A esto se suma la crisis de desapariciones. Más de 54 mil personas desaparecieron durante el gobierno anterior y miles más en los primeros meses del actual. Familias y colectivos de búsqueda han denunciado abandono institucional, falta de apoyo y una actitud indiferente por parte del Estado.
En el ámbito institucional, el debilitamiento de los organismos autónomos marcó un cambio profundo en el equilibrio de poderes. La desaparición o absorción de entidades como el INAI, COFECE, IFT, CONEVAL, INEE y otros organismos técnicos redujo los contrapesos democráticos. A ello se suman reformas legales controvertidas, como la judicial, que han generado preocupación internacional por el riesgo a la independencia del Poder Judicial.
Los indicadores internacionales reflejan este deterioro. México cayó en los índices de corrupción, estado de derecho y libertad de expresión. Organismos internacionales lo ubican entre los países con peor desempeño en transparencia, justicia e impunidad en América Latina.
En el plano económico, el crecimiento fue el más bajo en décadas. El promedio anual durante el sexenio de López Obrador fue inferior al 1 por ciento. Aunque el gobierno presume cifras récord de inversión extranjera, la mayor parte corresponde a reinversión de utilidades y no a nuevo capital. Las perspectivas para los próximos años siguen siendo limitadas, con proyecciones de crecimiento por debajo del promedio regional.
El sector salud enfrenta una crisis estructural. El desabasto de medicamentos persiste, hospitales operan con infraestructura deteriorada y miles de recetas no se surten. La desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI dejaron un sistema fragmentado y con deficiencias graves. El gasto de bolsillo de las familias aumentó, obligando a muchos a endeudarse o abandonar tratamientos.
En educación, la deserción escolar alcanzó niveles alarmantes. Millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. Las escuelas enfrentan carencias básicas, falta de docentes y rezagos tecnológicos. La llamada Nueva Escuela Mexicana ha sido señalada por su improvisación y falta de claridad pedagógica.
Finalmente, la corrupción sigue siendo uno de los problemas más graves. Casos como Segalmex, el huachicol fiscal y los señalamientos contra funcionarios de alto nivel muestran que el combate a la corrupción ha sido selectivo. Las investigaciones rara vez alcanzan a los responsables políticos de mayor jerarquía, mientras que la impunidad se mantiene como constante.
A siete años del inicio de la Cuarta Transformación, el balance revela un país más endeudado, más violento, con instituciones debilitadas y profundas carencias sociales. La narrativa del éxito contrasta con una realidad marcada por decisiones costosas, resultados limitados y una creciente desconfianza ciudadana. La pregunta que queda abierta es si el país puede corregir el rumbo o si el costo de estos años seguirá pesando durante décadas.
Conclusión: ¿Hay algo que celebrar? Pero ellos dicen que el “pueblo” los respalda y apoya. ¿Cuál será su pueblo?
Están hambrientos de poder y de llenar sus bolsillos. ¿Dónde está todo el dinero que ha desaparecido? ¿Las corruptelas de Segalmex? ¿El enriquecimiento ilícito de los que antes eran pobres?
