Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- Ernesto Arteaga Quevedo fue “renunciado” del ayuntamiento de Fortín desde marzo, supuestamente por el daño a su imagen tras múltiples señalamientos de corrupción. Sin embargo, esta salida fue una simulación orquestada por el presidente municipal, Gerardo Rosales Victoria, quien lo mantiene en la nómina con un salario de 24 mil pesos mensuales, sin trabajar y sin rendir cuentas.
Trabajadores del ayuntamiento, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, confirmaron que Arteaga Quevedo jamás fue dado de baja oficialmente, y que su supuesto despido fue sólo un montaje para calmar la presión mediática.
Su permanencia se debe a que le ha significado jugosas ganancias económicas a Rosales Victoria, particularmente por su papel en el descontrol del ambulantaje en el centro de la ciudad y la recaudación de moches a comerciantes afuera de los tianguis.
Corrupto
Durante su paso por la Dirección de Desarrollo Económico, “Neto Arteaga” tejió una red de cobros ilegales a vendedores informales, misma que siguió operando con la complicidad de funcionarios de bajo perfil.
Dichos ingresos clandestinos, que nunca entraron a las arcas municipales, fortalecieron el control político y económico de Rosales Victoria, quien hoy lo protege como operador mediático.
Desde su plataforma 4TV Veracruz, Arteaga difunde propaganda a favor de campañas políticas ajenas al ayuntamiento.
Fue contratado directamente por la síndica con licencia de Córdoba Vania López González, y por el Lavador del crimen organizado, líder del cartel inmobiliario, y candidato impugnado, Manuel Alonso Cerezo.
Desde ahí, usa granjas de bots para inflar sus imágenes y atacar a rivales, mientras cobra con dinero del pueblo.
Gerardo Rosales, en lugar de erradicar esta red de corrupción, la sostiene.
En la Dirección de Comercio colocó a Humberto Chacón, un funcionario sin peso real, que sólo funge como títere para cubrir los manejos turbios que continúan beneficiando a sus aliados y operadores.
El ambulantaje fuera de control, la extorsión disfrazada de permisos y el uso faccioso de la comunicación institucional reflejan el verdadero rostro de esta administración que termina en seis meses.
