De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- El gobierno municipal de Hugo Chahín Kuri recurrió a tácticas de intimidación y chantaje en su intento por reubicar a las comerciantes de la Norte 2.
Este viernes, el director de Comercio, Rey David Mejía Pliego, se reunión con integrantes del Frente Acción Revolucionaria (FAR), donde amenazó a las canasteras con intervenciones del DIF para separarlas de sus hijos y con el uso de la fuerza pública, evidenciando la nula voluntad política de esta administración para construir soluciones consensuadas.
De acuerdo al líder del FAR Gaudencio Brito Flores, la reunión que sostuvieron para llegar a un acuerdo fue una farsa, pues tras más de dos horas no se logró un solo punto de acuerdo, y en lugar de construir puentes, el funcionario optó por la estrategia del descrédito: responsabilizar a Gaudencio Brito Flores del fracaso, tildándolo de “irrespetuoso” y señalando que ni siquiera pertenece al grupo de vendedoras.
El líder destacó que el problema no es de formas, sino de fondo, pues las comerciantes, conocidas como “canasteras” no quieren ir al Mercado Cerritos, pero no por capricho, sino porque ese espacio no garantiza sus ventas ni el sustento diario de sus familias, por lo que presentaron una contrapropuesta clara, ocupar la banqueta en Norte 2 pegado al mercado Melchor Ocampo, sin embargo, la propuesta fue recibida con aparente viabilidad por las autoridades, pero que quedó en el olvido.
Gaudencio Brito señaló que, Rey David Mejía Pliego ya habría advertido a las comerciantes que, ante cualquier resistencia a la reubicación, intervendría la Policía Municipal y que el DIF podría involucrarse con sus hijos, algo que el funcionario no ha querido sostener a pesar de que existen pruebas de sus amenazas.
Destacó que la amenaza tocó el núcleo más sensible de estas madres trabajadoras, la mayoría de ellas jefas de hogar que dependen del comercio informal para mantener a sus familias, y debido al periodo vacacional, algunas se ven obligadas a acudir a trabajar acompañadas de sus hijos para no dejarlos solos, por lo que lejos de ser explotación laboral, es una realidad de precariedad que el gobierno municipal utiliza como arma de presión.
Asimismo, expuso que, durante estos días, en la zona del mercado, los agentes de la policía han estado hostigando, acercándose para decirles que no hay permiso para vender y que deben retirarse. “en la mañana… la policía llegó a hostigarlas. Cuando nos llamaron y llegamos, les explicamos que teníamos una reunión y los policías se disculparon, pero ya habían intimidado a varias compañeras”, explicó.
Mientras tanto, el director de Comercio se limitó a calificar las acusaciones como “falsas”, sin ofrecer mayores explicaciones.
Por lo anterior, el gobierno de Chahín Kuri no puede ocultar la crisis de credibilidad que este conflicto destapa. Por un lado, asegura buscar el diálogo, pero por otro, sus funcionarios amenazan con la fuerza pública y el sistema de protección infantil como mecanismo de presión. Mientras, las vendedoras, quienes fueron credencializadas y ordenadas por el ayuntamiento el año pasado, ven cómo se desconoce lo pactado y se les empuja a una reubicación que rechazan.
