Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- En el ayuntamiento de Córdoba la transparencia tiene precio y se compra por contrato. Las autoridades municipales compraron a un costo de varios millones de pesos, una coartada de rendición de cuentas.
Mediante adjudicaciones directas, ha externalizado la conciencia institucional: pagó 1.2 millones de pesos para que una firma privada evaluara el uso de los fondos federales, y otros 2.32 millones para que una arquitecta revisara la obra pública del año.
De esta forma el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lejos de cuestionar este mecanismo, lo avala y se erige en su supervisor, completando un circuito donde la vigilancia es un servicio subcontratado y la responsabilidad se diluye en capas de procedimientos corruptos.
Dos de ellas destacan por su monto y su naturaleza: un contrato por 1.2 millones de pesos con la sociedad Burgos Cervantes y Asociados, S.C., para evaluar los resultados de los fondos federales FAISMUN y FORTAMUNDF del ejercicio 2025, y otro contrato por 2.32 millones de pesos con la arquitecta Selene Colorado Domínguez, para realizar la auditoría técnica a la obra pública del mismo año.
El ORFIS, en este esquema, no actúa como un contrapeso crítico, sino como el notario que da fe de la transacción. Al validar un sistema donde la fiscalización se delega a particulares, normaliza la idea de que los órganos de control no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo de manera directa.
Esta es la modalidad para robar de los alcaldes y Juan Martínez ya tiene observaciones de parte de las autoridades fiscales, ¡pero nada resuelven!
