De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- Lejos de cerrar su administración con cuentas claras, siguen saliendo a la luz las porquerías que rodean al exalcalde, Gerardo Rosales Victoria. Ahora, las denuncias se refieren a la adquisición del inmueble donde actualmente operan las oficinas de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.
De acuerdo con información recabada, el inmueble en cuestión era originalmente propiedad del ex priista Enrique Muñoz, quien posteriormente lo vendió al cuñado de Gerardo Rosales Victoria.
Tiempo después, dicho inmueble lo adquirió el ayuntamiento de Fortín, ya bajo la administración de Rosales, cerraron una operación que huele más a negocio familiar que a decisión administrativa.
Lo grave del caso es el monto. Especialistas en valuación inmobiliaria estimaron que la casa tiene un valor aproximado de 1.5 millones de pesos; sin embargo, el cuñado del exalcalde la vendió al gobierno municipal en alrededor de 4.5 millones de pesos, es decir, tres veces su valor real, sin que hasta ahora exista una explicación técnica o financiera que justifique dicho incremento.
El uso de una casa particular como oficinas públicas ya era cuestionable desde el inicio, pero el entramado de compraventas entre personajes ligados políticamente y por parentesco al entonces alcalde convierte el hecho en un escándalo que exige una revisión a fondo y castigo.
Este nuevo señalamiento se suma a una larga lista de decisiones opacas, contratos dudosos y manejo discrecional de recursos que marcaron la administración de Gerardo Rosales Victoria.
Aunque públicamente insiste en haberse ido “con las manos limpias”, los números y las operaciones inmobiliarias cuentan otra historia.
La responsabilidad ahora recae en las autoridades fiscalizadoras y en la administración actual, que deberán aclarar si utilizaron al ayuntamiento para inflar negocios privados disfrazados de decisiones públicas, o si, como temen muchos ciudadanos, el saqueo fue sistemático y planeado.
De acuerdo con documentos, el inmueble fue adquirido bajo condiciones que despiertan serias dudas sobre su legalidad y transparencia en el costo.
Testimonios de empleados y exfuncionarios apuntan a irregularidades en los contratos y sobreprecios, lo que sugiere que la operación careció de la supervisión adecuada para beneficiar intereses particulares.
