De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Sin previo aviso ni explicación alguna, los usuarios del transporte público en Córdoba se encontraron este martes con una desagradable sorpresa: el precio del pasaje se elevó a doce pesos. El caso de la línea 8 de Marzo, concesionada por el diputado local Juan Tress Zilli, se ha vuelto emblemático de una práctica que representa arbitrariedad contra la ciudadanía.
La queja de la usuaria Alicia, a quien se le condicionó la subida al vehículo al pago de la nueva tarifa, refleja la indignación de una ciudadanía que exige transparencia en un servicio esencial. La molestia no reside solo en el aumento, sino en la forma sigilosa y unilateral en que se aplica, sin un anuncio oficial que lo avale y con choferes convertidos en cobradores de una medida que no está impresa en el boleto.
Esta situación expone un conflicto de interés de proporciones preocupantes. El diputado Tress Zilli no es un empresario de transporte cualquiera; es el presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Congreso local. Su función legislativa primordial es, precisamente, fiscalizar y legislar para garantizar un servicio público eficiente, accesible y regulado. Sin embargo, las líneas que opera su concesión parecen actuar por fuera de cualquier marco regulatorio, imponiendo tarifas a su conveniencia. La paradoja es cruel: quien debería proteger a los usuarios de los abusos es, al mismo tiempo, el presunto autor de uno de ellos.
