Atoyac.- Tras un año y 2 meses nada se sabe de los 19 desaparecidos de la localidad Potrero Nuevo, quienes, según versiones fueron plagiados por policías de Seguridad Pública.
La misma situación sufrieron otros seis jóvenes de Córdoba. Hoy, sus familiares quieren hablar con el gobernador para volver a exigirle que sus familiares aparezcan, porque creen que están en alguna parte.
Madres de familia, hermanos, tíos, cuentan que ésta es la peor pesadilla que han vivido, pero tienen la esperanza de que sus seres queridos estén vivos. “Quizá están detenidos en algún lugar o los tienen a la fuerza, trabajando para gente mala”.
La queja más frecuente de los familiares es que ninguno de los agentes del Ministerio Público que recibieron las denuncias, tanto en Paso del Macho, como en Atoyac y Córdoba, ni los subprocuradores que han tenido en sus manos las investigaciones han logrado resolver ni una de las desapariciones, incluso algunos afectados cuentan que llegaron a ser amenazados para olvidarse de todo.
Pero lo que ahora quieren las familias es hablar con el Gobierno del estado, porque aseguran que si éste quisiera, se resolverían los casos, como sucedió recientemente con el asunto del profesor Luis Sáinz.
Las familias de los desaparecidos recuerdan que el 2 de agosto de 2013, sus familiares fueron “levantados”, por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que iban en patrullas con los números tapados.
Narran que entre los detenidos iba una señora de 80 años, y una joven de 23 que estaba embarazada, la cual resultó ser esposa de un policía municipal. También iban varios menores, de 14, 16 y 17 años. “Todos eran personas inocentes que nada debían, pero aún así fueron desaparecidos”, acusaron.
Algunos de los hoy afectados fueron alertados de la detención de sus familiares y acudieron a tratar de rescatarlos, pero nada pudieron hacer para ayudarlos, ya que fueron reprimidos e incluso encañonados con armas de alto poder
Ese día fueron detenidos la señora Carmen Arias, de 75 años; su nieta Inés Sánchez Arias, de 35; Blanca Paula Gutiérrez Torres, de 46 años y su hija María Isabel Mirón Gutiérrez, de 23, que se hallaba embarazada. Eduardo Alberto Ramos Tecalco, de 28 años; Ricardo Illescas Ramírez y Emma Guadalupe Pérez Arroyo, de 25 años; Jairo Manuel Flores Donado, de 30 años; los entonces menores Diego Jair Valerio García y Marco Antonio Fernandez Flores, de 17 años, así como Margarito Martínez Peña, de 18 años de edad y su hermano de 14 años.
Al no encontrarlos, sus familiares hicieron plantones ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia, donde fueron atendidos por el entonces subprocurador Ricardo Javier Carrillo Almeida, el cual se comprometió a agilizar las investigaciones, pero no aparecieron
las víctimas.
Otro día, los agraviados, con pancartas en las que acusaban a los policías de Seguridad Pública, se plantaron en el parque 21 de Mayo, buscando hacer presión a través del ex alcalde Francisco
Portilla Bonilla.
Sin embargo, ese día uno de los inconformes se enteró que ya habían sido encontradas las personas, a orillas del río Atoyac, a la altura del balneario “La Maquinaria”.
Ante eso, los familiares de las víctimas, así como elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) salieron corriendo, pero al llegar comprobaron que no había nada.
Ya indignados, los familiares encararon al entonces coordinador de la AVI, Pablo Rachet Cruz, reclamándole el porqué, si ellos eran la autoridad, no obligaban a los policías estatales a que entregaran a las personas, o que informaran donde estaban. Otros afectados se quejaron de que sólo se trató de una falsa alarma, probablemente emitida por algún funcionario, para que se quitaran de la manifestación.
Al no tener resultados de la autoridad, las personas decidieron ir a buscar a sus familiares. Por eso se adentraron en barrancos, cerros, fincas, ríos y caminos vecinales, en medio del sol y la lluvia, tratando de encontrarlos.
Ya llevan un año y 2 meses, pero todavía mantienen la esperanza: “pensamos que pueden estar vivos”. Tienen fe en que volverán a verlos, creen que podrían estar detenidos en algún reclusorio, presos en otra ciudad o trabajando de manera ilegal y amenazados de muerte.
Cabe mencionar que el pasado 2 de agosto, cuando cumplieron un año desparecidos, el marido de María Isabel Mirón Gutiérrez, la mujer embarazada, le mandó a hacer una misa a ella y a su madre. Ellas vivían en la avenida 12 de Octubre, de la colonia Buenos Aires. El esposo, un policía municipal, recuerda que el día de su desaparición María Isabel llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una blusa negra de mangas, con un moño rojo en el hombro izquierdo.
Desafortunadamente, a estas desapariciones se sumaron otras 6 en Córdoba. Dos de las víctimas eran unos jóvenes que fueron sacados a la fuerza de un bar ubicado en el bulevar Córdoba-Fortín. Incluso la novia de uno de ellos fue obligada a desvestirse en el baño, donde entre manoseos de los policías, la pusieron a hacer sentadillas, para ver si no ocultaba algo entre las piernas.
Uno de los extraviados era Diego Valerio García. Su madre Mónica García, junto con su novia, acudieron a presentar las denuncias en la Agencia Séptima del Ministerio Público, a cargo del entonces fiscal Raúl Villiers.
Según la familia, no existe ningún avance de la investigación, al igual que sucedió con la queja que interpusieron en las oficinas de la delegación de Derechos Humanos en Córdoba.
Según la Procuraduría General de Justicia había 19 denuncias, por las que se estaba investigando el paradero de las víctimas.
