De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- El Comité de Transparencia aprobó reservar por cinco años el censo operativo, patrullajes, armamento y capacitaciones. En el mes de abril, la Contraloría pidió reservar las declaraciones patrimoniales del personal operativo y el Comité votó a favor. Todo por unanimidad, con pruebas de daño genéricas.
Dicho Comité aprobó por unanimidad mantener fuera del alcance ciudadano las actas de sanciones de la Policía Municipal por cuatro años, entre ellos temas de las radios, patrullas y el plan de formación en derechos humanos por cinco años, y las declaraciones patrimoniales del personal operativo de Policías, Proximidad Social y Tránsito.
Las solicitudes provinieron de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Contraloría Municipal. El Comité validó las pruebas de daño sin análisis individualizado y sin ordenar versiones públicas claras.
El acta de la Vigésima Novena Sesión, del 19 de marzo de 2026, precisa que la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana solicitó clasificar como reservadas las actas administrativas o resoluciones correspondientes a cada tipo de sanción listada en un folio.
El argumento oficial fue que su difusión “pudiera menoscabar el debido proceso en materia de Seguridad Pública” y afectar la privacidad y seguridad. Con ello, la ciudadanía no podrá conocer cuántos policías fueron sancionados, por qué conductas, con qué castigos ni si existen reincidencias.
La opacidad no se limita a las sanciones. En la Décima Cuarta Sesión, del 19 de febrero de 2026, el Comité aprobó reservar por cinco años la información que había solicitado la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana mediante un oficio: censo actualizado del personal operativo, número de elementos por rangos, registros de patrullajes, hojas de ruta, reportes del sistema de geolocalización, actas de entrega – recepción de armamento, radios y patrullas, así como el Plan de Capacitación en Derechos Humanos y Procedimientos Policiales 2025 – 2026.
La prueba de daño sostuvo que revelar esos datos permitiría conocer el estado de fuerza, la distribución operativa, las rutas, el equipamiento y la capacidad de reacción.
El plan de capacitación en derechos humanos quedó bajo el mismo candado, es decir, el ciudadano no tiene derecho a conocer qué tipo de personas laboran en ciertas áreas del municipio.
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