🖋️Claudia, EU no te va a dar pruebas, quieren a Rocha y si no se los entregas, hay de dos:
1 ¡O vienen por él y vas a quedar en ridículo!
2 O te van a imponer una serie de medidas económicas que te van a obligar a llevarlo, ¡y además pedirles que por favor te levanten el castigo!
¡Así que hazlo ante de que nos cueste un dineral por el bloqueo económico! Porque delincuente sabes perfecto que sí lo es!
AGENCIA
Sinaloa.- La presión de Estados Unidos sobre políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico escaló luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes relacionan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada en Nueva York, los señalados habrían brindado protección al grupo criminal y facilitado sus operaciones a cambio de sobornos, apoyo político y otros beneficios. Las autoridades estadounidenses también solicitaron la detención provisional de algunos de los involucrados con fines de extradición.
El expediente coloca a Rocha Moya en el centro de una investigación que sostiene que el crimen organizado habría intervenido en el proceso electoral de 2021 para favorecer su candidatura, mientras que posteriormente se habrían establecido acuerdos para obtener protección desde distintas estructuras del gobierno estatal.
Entre los otros nueve señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios de áreas relacionadas con seguridad, procuración de justicia y administración pública, además del entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
El caso generó una fuerte reacción política en México. El gobierno federal ha cuestionado la suficiencia de las pruebas presentadas por Estados Unidos y ha señalado que cualquier solicitud de detención o extradición debe seguir los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.
Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y ha negado tener vínculos con organizaciones criminales. Otros de los acusados también han rechazado las imputaciones y han cuestionado el procedimiento estadounidense.
La investigación ocurre en un contexto de creciente presión de la administración de Donald Trump contra los cárteles mexicanos y contra funcionarios que Washington considera vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas.
El caso representa un cambio importante respecto de las tradicionales sanciones administrativas o restricciones migratorias, pues las autoridades estadounidenses están recurriendo a acusaciones penales y solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, las acusaciones no constituyen una sentencia. La responsabilidad penal de Rocha Moya y de los demás señalados deberá ser determinada mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
